La impunidad tejida durante años en los recovecos del poder priista se desmorona en Mérida, Yucatán. El caso de Fernanda Sulub Hau, estudiante de Derecho que valientemente denunció por abuso sexual a Luis Alberto Echeverría Navarro, director del Centro de Estudios Superiores de la CTM, ha destapado una cloaca de silencios cómplices y protección a un presunto depredador sexual. Lo que parecía un caso aislado, la denuncia de una sola estudiante valiente, se ha convertido en una avalancha. Otras alumnas, cuyas voces habían sido ahogadas por el miedo y la presión, se han sumado a la denuncia, confirmando un patrón de abuso que se extendía por años en la institución. Imaginen el escenario: un centro de estudios, supuestamente dedicado a la formación de jóvenes, convertido en el terreno de caza de un hombre que utilizaba su posición de poder para someter a sus alumnas. La figura de Echeverría Navarro, antes encumbrada como director, académico condecorado y ex diputado priista, se desdibuja ahora, revelando el rostro de un presunto abusador que se escudaba tras el prestigio y las influencias. El fuero que alguna vez lo protegió, la impunidad que reinaba en ese coto de poder, hoy se resquebrajan ante la fuerza de las denuncias.

El caso de la estudiante de Psicología que en 2015 denunció a Echeverría, entonces diputado local, ilustra la magnitud del problema. La joven, con una beca en el extranjero en sus manos, necesitaba una simple firma del director para concretarla. Sin embargo, tras el presunto abuso, el precio a pagar por ese documento se volvió demasiado alto. Prefirió perder la beca antes que volver a enfrentarse a su agresor. ¿Cuántas historias similares permanecen aún ocultas, silenciadas por el temor y la desesperanza?

La indignación se ha desbordado. Las protestas estudiantiles frente al Centro de Estudios, las pancartas exigiendo la destitución del director, el cierre de la avenida Fidel Velázquez, son la muestra palpable de un hartazgo acumulado. Fernanda, la estudiante que encendió la mecha de la denuncia, no ha podido regresar a clases. Su única petición: protección y los documentos necesarios para continuar sus estudios en otra universidad. La respuesta de la dirección, sin embargo, ha sido el silencio y el cierre de puertas del plantel, una actitud que no hace más que alimentar la sospecha y la indignación.

Este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de los vicios que aún persisten en el sistema. En marzo, Echeverría Navarro recibía medallas por su "trayectoria académica", un ejemplo de cómo el sistema premia a sus figuras mientras encubre los abusos. Hoy, ese blindaje se ha roto. Las estudiantes, con su valentía, han logrado que la imagen del director intocable se desmorone, revelando la verdadera naturaleza del presunto depredador.

El silencio de las figuras políticas, como Gaspar Armando Quintal Parra, presidente del PRI en Yucatán y autoproclamado feminista, y Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido, es ensordecedor. Su falta de pronunciamiento ante estas graves acusaciones es una muestra de la complicidad que aún persiste. Recordemos: el silencio también es una forma de violencia.

En otro orden de ideas, pero no menos relevante, el caso del alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, pone en evidencia otra forma de manipulación. Su presunta prueba de antidoping "negativa", emitida a la misma hora de su conferencia de prensa, levanta serias sospechas. El hecho de que el laboratorio que emitió el documento sea proveedor del Ayuntamiento, sumado a la información de que nunca entregó una muestra de sangre, deja en claro la intención de engañar a la opinión pública. Mentiras y manipulaciones que, al igual que el caso de Echeverría Navarro, deben ser investigadas y expuestas.

La lucha por la justicia y la verdad continúa.