La inseguridad en el transporte público sigue siendo una preocupante realidad para los mexiquenses. El reciente caso de Brayan Tonatiuh Cabrera Melchor, sentenciado a casi 28 años de prisión por robo con violencia en un autobús en Ecatepec, nos recuerda la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos diariamente. Si bien la rápida actuación de las autoridades en este caso es destacable, y la sentencia ejemplarizante envía un mensaje contundente a quienes delinquen, es fundamental preguntarnos qué más se puede hacer para prevenir estos sucesos. ¿Son suficientes las cámaras de seguridad en las unidades? ¿Se requiere mayor presencia policial en las rutas de mayor incidencia delictiva? ¿Es necesario implementar protocolos de seguridad más estrictos para el acceso al transporte público? La respuesta, probablemente, sea una combinación de todas estas medidas.

Más allá de las acciones reactivas, es crucial impulsar estrategias preventivas que aborden las raíces del problema. Programas sociales que ofrezcan oportunidades de desarrollo a jóvenes en situación de vulnerabilidad, combinados con campañas de concientización ciudadana sobre la importancia de la denuncia y la colaboración con las autoridades, pueden contribuir a construir un entorno más seguro para todos. La seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, es un compromiso compartido que requiere la participación activa de la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, la noticia del rescate de un menor y la detención de dos personas por privación de la libertad en Teotihuacán nos muestra otra faceta de la delincuencia en el Estado de México. Este caso, que se suma al rescate de otro menor en Tonalá apenas unos días antes, pone en evidencia la gravedad del problema de la trata de personas y la necesidad de reforzar las acciones para combatirla. La rápida actuación de la Fiscalía en ambos casos es alentadora, pero nos deja con la inquietante pregunta: ¿cuántos casos más permanecen ocultos?

La lucha contra la delincuencia requiere un enfoque integral que abarque desde la prevención hasta la persecución del delito, pasando por la atención a las víctimas. Es fundamental fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, dotarlas de los recursos necesarios para que puedan realizar su trabajo de manera eficaz, y promover la cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la sociedad. La seguridad es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los ciudadanos, y para lograrlo es necesario un esfuerzo conjunto y coordinado entre gobierno, sociedad y sector privado.

Es imperativo que se fortalezcan las investigaciones para desmantelar las redes de delincuencia que operan en la entidad, y que se brinden las garantías necesarias para que las víctimas puedan acceder a la justicia y recibir la atención que requieren. La impunidad no puede ser una opción. Cada caso resuelto, cada delincuente llevado ante la justicia, es un paso hacia un Estado de México más seguro y justo para todos. La colaboración ciudadana, la denuncia oportuna y la confianza en las instituciones son piezas clave para construir la seguridad que todos anhelamos.