La reciente expulsión de 27 figuras del narcotráfico mexicano a Estados Unidos ha desatado una tormenta de controversia y preocupación en torno a la soberanía nacional y el estado de derecho en México. Más allá de la discusión sobre la culpabilidad o inocencia de los extraditados, este acto sin precedentes pone de manifiesto una profunda asimetría en la relación bilateral con Estados Unidos, una asimetría que no habíamos visto en el último siglo y que nos coloca en una posición de preocupante vulnerabilidad.

El argumento esgrimido por el fiscal general, aludiendo a la Ley de Seguridad Nacional, no solo resulta una falacia jurídica, sino que además revela una peligrosa tendencia a utilizar esta ley como un comodín para justificar acciones que violan las garantías constitucionales. Esta ambigüedad legal, que permite al gobierno en turno invocar la “seguridad nacional” para saltarse las normas establecidas, abre la puerta a un autoritarismo preocupante, donde las leyes se interpretan y aplican a conveniencia, dependiendo de las presiones políticas del momento. Hoy son los capos del narcotráfico los afectados por esta interpretación laxa de la ley; mañana, ¿quién nos asegura que no serán periodistas, activistas o cualquier voz disidente al poder?

La falta de una regulación clara y precisa sobre los alcances de la seguridad nacional nos deja a merced de las decisiones arbitrarias del gobierno, y lo que es aún más grave, nos expone a las presiones externas de un país que ve en nuestra debilidad una oportunidad para imponer su agenda. La percepción de que en México la voluntad del poder se impone sobre la ley nos convierte en un blanco fácil para la injerencia extranjera. Si Estados Unidos nos trata como un estado fallido, es porque nosotros mismos estamos proyectando esa imagen. Al ceder ante las presiones y violar nuestras propias leyes, estamos enviando un mensaje claro: en México, las normas son negociables.

Esta situación no solo debilita nuestras instituciones y erosiona el estado de derecho, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en el gobierno. ¿Cómo podemos esperar que la población respete las leyes si el propio gobierno las ignora sistemáticamente? La legitimidad del Estado se construye sobre la base del respeto a las normas y a las instituciones, y al socavar estos pilares fundamentales, nos encaminamos hacia una crisis de gobernabilidad aún más profunda.

La verdadera batalla que México debe librar no es contra el narcotráfico, sino contra la impunidad y la corrupción que corroen nuestras instituciones. Debemos fortalecer nuestro sistema judicial, garantizar la independencia de los poderes y promover una cultura de legalidad. Solo así podremos construir un Estado de derecho sólido y resistente a las presiones externas, un Estado que garantice la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos. La expulsión de estos 27 capos no es una victoria, sino un síntoma de nuestra debilidad y una llamada de atención urgente para reconstruir el estado de derecho que tanto necesitamos. No podemos seguir librando una guerra bajo normas extraterritoriales, debemos consolidar las nuestras y defender nuestra soberanía. El futuro de México depende de ello.

Por otro lado, el impacto de esta decisión en la lucha contra el narcotráfico también es cuestionable. Si bien la extradición de figuras clave del crimen organizado puede ser una herramienta útil en la cooperación internacional contra el delito, su efectividad se ve comprometida cuando se realiza al margen de la ley. Además, la falta de transparencia en el proceso genera suspicacias y alimenta la teoría de que estas expulsiones responden más a presiones políticas que a una estrategia real de combate al narcotráfico.

La colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad es fundamental, pero debe basarse en el respeto mutuo y en el cumplimiento de las leyes de ambos países. No podemos permitir que la lucha contra el crimen organizado se convierta en un pretexto para vulnerar nuestra soberanía y debilitar nuestras instituciones. Es necesario establecer mecanismos de cooperación claros y transparentes que garanticen el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Solo así podremos construir una alianza efectiva y duradera en la lucha contra este flagelo que afecta a ambos países.