La riqueza cultural de México se nutre de la profunda historia y la vibrante presencia de sus pueblos originarios. Representando aproximadamente el 10% de la población nacional, estas comunidades, herederas de un legado ancestral, son un pilar fundamental de nuestra identidad. No son simplemente un grupo minoritario, sino el corazón palpitante de un México profundo, como lo acuñó Bonfil Batalla, que resguarda la memoria y las tradiciones milenarias que dan forma a nuestra nación.

El reconocimiento constitucional de su derecho a la libre determinación, plasmado en el artículo segundo, marca un hito en la historia de nuestro país. Este avance, impulsado en gran medida por la lucha del EZLN, les otorga el carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, abriendo un nuevo capítulo en el federalismo mexicano, como lo señala Jacinto Faya Viesca. Este nuevo orden les permite decidir sus propias formas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural, un paso fundamental hacia la autonomía y el respeto a su rica diversidad.

La posibilidad de aplicar sus propios sistemas jurídicos, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, representa un avance significativo en el reconocimiento de su soberanía. Asimismo, la facultad de elegir a sus autoridades conforme a sus costumbres, en armonía con los derechos político-electorales, fortalece su autodeterminación y les permite preservar sus formas ancestrales de organización.

La protección de su patrimonio cultural, espejo de siglos de historia, no sólo es crucial para la preservación de su identidad, sino que enriquece el mosaico cultural de todo México. Cada lengua, cada tradición, cada costumbre, es una pieza invaluable de este legado que nos pertenece a todos. Su preservación, estudio y difusión son tareas fundamentales para garantizar la vitalidad de estas culturas y su transmisión a las futuras generaciones.

Sin embargo, el reconocimiento constitucional no es suficiente. Es crucial que estos derechos se traduzcan en acciones concretas que garanticen el acceso a la justicia y una vida digna para los pueblos indígenas. La transformación del Poder Judicial presenta una oportunidad única para diseñar mecanismos que protejan sus derechos y aseguren una debida procuración e impartición de justicia, adaptada a sus realidades y necesidades.

El derecho a ser consultados sobre medidas legislativas y administrativas que puedan afectarles es otro pilar fundamental. Su voz debe ser escuchada y tomada en cuenta en las decisiones que impactan sus vidas y su entorno. Sólo a través del diálogo y la participación activa de los pueblos indígenas podremos construir un México más justo e inclusivo.

El Estado mexicano tiene la obligación de impulsar medidas que mejoren la vida de todos los mexicanos, y en especial de aquellos que se encuentran en situación de desigualdad, como muchos de los pueblos originarios. La lucha contra la pobreza y la discriminación debe ser una prioridad para garantizar que todos los mexicanos, sin importar su origen, tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar.

El camino hacia la plena justicia y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas aún es largo, pero cada paso que damos en esa dirección nos acerca a un México más justo, equitativo y orgulloso de su rica diversidad cultural. La tarea es de todos, y requiere un compromiso constante para construir un futuro en el que los pueblos originarios puedan vivir con dignidad, preservando su identidad y contribuyendo con su invaluable riqueza a la construcción de una nación más fuerte y próspera.