Se avecina una tormenta política en el horizonte de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La oposición, férrea y decidida, se prepara para torpedear dos pilares fundamentales de la propuesta: la reducción del presupuesto al INE y a los partidos políticos, y la modificación de la fórmula para la elección de legisladores. Lo sorprendente, sin embargo, no es la resistencia del PAN y el PRI, antagonistas tradicionales del gobierno, sino la inquietud que se gesta en las propias filas de Morena, concretamente en sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

La preocupación de estos partidos radica en la posibilidad de que la reforma reduzca sus espacios en el Congreso de la Unión y, crucialmente, sus prerrogativas. Con el INE proyectando asignar 894 millones de pesos al PVEM y 723 millones al PT para 2026, la amenaza de recortes presupuestarios se percibe como una estocada directa a su capacidad operativa y a su influencia política.

Ante esta perspectiva, Manuel Velasco, líder del PVEM en el Senado, ha tomado la iniciativa, estableciendo contacto directo con la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. Su objetivo es claro: presentar sus propuestas directamente a quienes diseñan la iniciativa, evitando intermediarios como Pablo Gómez, a pesar de haber sido designado para liderar los foros de discusión. Las declaraciones públicas de Velasco reflejan una postura cautelosa, lejos del respaldo incondicional al planteamiento de Sheinbaum. "Se debe abrir el diálogo", ha declarado, insistiendo en la necesidad de un consenso que beneficie a todos los mexicanos.

En la misma línea, Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, ha descartado dar un "cheque en blanco" a la presidenta, afirmando que su partido actuará con responsabilidad, buscando un "piso parejo" para todos los participantes en los procesos electorales. Arturo Escobar, miembro del Consejo Político Nacional del PVEM, va aún más lejos, planteando la posibilidad de condicionar el apoyo a la reforma a la igualdad de prerrogativas y tiempos en radio y televisión para todos los partidos. En sus palabras, la actual disparidad en el financiamiento, con Morena recibiendo 2,000 millones de pesos frente a los 800 millones del PVEM, crea una "desventaja brutal".

La postura del PT no difiere sustancialmente. La senadora Lizeth Sánchez ha expresado su preocupación por las consecuencias de la reforma para las minorías, un sector que el PT históricamente ha representado. La posibilidad de perder voz en el Congreso es un tema que, según Sánchez, el partido deberá analizar con detenimiento.

Estas advertencias no pueden ser ignoradas por la Presidencia. La reforma electoral, tal como está planteada, depende del apoyo del PVEM y el PT. Sin sus votos, la iniciativa no prosperará. El desafío para el gobierno es encontrar un equilibrio que satisfaga las demandas de sus aliados sin comprometer los objetivos de la reforma. La negociación se presenta compleja, con el riesgo latente de una rebelión que podría descarrilar por completo el proyecto de Sheinbaum.

Mientras tanto, en Xochimilco, se intensifica la pugna política. Liderazgos locales acusan a José Carlos Acosta, jefe de Recursos Humanos en la Secretaría de Finanzas de la CDMX, de sabotear la administración de la alcaldesa Circe Camacho, quien lo ha señalado por autorizar pagos millonarios por obras inconclusas. La situación ha generado una fuerte movilización de apoyo a Camacho, con dirigentes y habitantes de la demarcación cerrando filas en su defensa.

Finalmente, la ausencia de Andy López en los actos de Morena continúa generando especulaciones. La dirigente Luisa María Alcalde ha encabezado numerosas asambleas sin la presencia de López, lo que alimenta las interrogantes sobre su papel dentro del partido. ¿Será que no hay una sucursal de Prada cerca?