La decisión del gobierno de Clara Brugada de permitir zonas designadas para el consumo de marihuana, aunque controvertida, representa un paso adelante en el anquilosado debate sobre las drogas en México. Este avance, si bien limitado, se contrapone al ultraconservadurismo que impera en el país en este tema, un conservadurismo que no es exclusivo de la actual administración, sino que ha permeado la política mexicana durante décadas, frenando cualquier intento de despenalización. Recordemos los numerosos proyectos de ley que se han estancado en el Congreso desde principios de siglo, víctimas de la inercia y la falta de voluntad política.

Es cierto que el presidente López Obrador, un conservador disfrazado de progresista, no ha impulsado abiertamente la despenalización, heredando un problema enquistado y postergado por mucho tiempo. Sin embargo, la postura de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque cautelosa, se aleja del rechazo tajante y abre una posibilidad de diálogo. Sus dudas, legítimas o no, son preferibles a la cerrazón que ha caracterizado a otros líderes políticos.

La experiencia internacional, particularmente en Estados Unidos, demuestra que la despenalización de la marihuana no ha desencadenado el apocalipsis que algunos pregonan. Al contrario, ha generado beneficios económicos multimillonarios y ha contribuido a la defensa de los derechos humanos. En México, la despenalización del cannabis no solo evitaría detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de personas por posesión de pequeñas cantidades, sino que también debilitaría el mercado negro y la violencia asociada a él, sin generar un costo social significativo. Aunque el mercado de drogas ilegales es complejo y la marihuana no representa su mayor volumen, su despenalización sería un primer paso crucial.

La creación de espacios controlados para el consumo de marihuana tiene, además, un componente liberal que se agradece en un contexto de creciente paternalismo estatal. Lejos de las prohibiciones arbitrarias que buscan controlar las decisiones individuales, como las restricciones a la venta de dulces, frituras o vapeadores, esta medida respeta la autonomía de las personas.

Comprendemos la preocupación de los vecinos que se oponen a la instalación de estos espacios en sus colonias. El ejemplo del espacio cercano a Chapultepec, con sus problemas de limpieza, grafitis y olores, es ilustrativo. Es necesario implementar una regulación eficaz y buscar soluciones que satisfagan a todas las partes. La consulta ciudadana y la transparencia en la gestión de estos espacios son fundamentales para evitar conflictos.

A pesar de los retos, la decisión de habilitar zonas para el consumo de marihuana es una buena noticia en una ciudad plagada de problemas. En medio del caos urbano, los baches, el comercio informal desbordado, la especulación inmobiliaria y la violencia, esta medida, aunque pequeña, representa un respiro de libertad y una apuesta por la convivencia. Es un paso, aunque tímido, en la dirección correcta. Un paso que, con la participación ciudadana y una gestión responsable, puede sentar las bases para una política de drogas más justa y eficaz. Es un debate que debemos abordar con seriedad y sin prejuicios, buscando soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto.