La Ciudad de México, una urbe en constante movimiento, se enfrenta a un nuevo desafío: la regulación de los scooters y bicicletas eléctricas. La velocidad, el peso y la proliferación de estos vehículos, en especial aquellos que superan los 25 km/h, han generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha expresado su apoyo a la iniciativa de ley que se discute en el Congreso, argumentando que se trata de una medida necesaria para salvaguardar la integridad de quienes transitan por banquetas y ciclovías. No se trata, según Brugada, de prohibir estos medios de transporte, sino de ordenarlos y garantizar la seguridad de todos.

La polémica no se ha hecho esperar. Diversas movilizaciones, presuntamente vinculadas a las empresas que operan estos vehículos, han expresado su desacuerdo con la propuesta. Señalan que la regulación afectaría a un sector en crecimiento y limitaría las opciones de movilidad. La jefa de Gobierno, sin embargo, ha afirmado que se ha reunido con legisladores y representantes de estas empresas para dialogar sobre el tema y buscar soluciones conjuntas. El objetivo, insiste, no es perjudicar a nadie, sino encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la seguridad vial.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, ha profundizado en los detalles de la iniciativa. Aclaró que la regulación no afectará a todos los scooters y bicicletas eléctricas, sino únicamente a aquellos que, por su velocidad, peso o dimensiones, representen un riesgo para los peatones y otros usuarios de la vía pública. Estos vehículos, que superan los 25 km/h, deberán ser tratados como motocicletas, lo que implica la obligatoriedad de contar con licencia de conducir, casco y otros elementos de protección. Además, tendrán prohibido circular por ciclovías y banquetas, debiendo utilizar los carriles vehiculares como cualquier otro motorizado.

La medida, según García Nieto, no solo busca proteger a los peatones, sino también a los propios conductores de estos vehículos. Al circular a altas velocidades en espacios no diseñados para ello, se exponen a sufrir accidentes graves. La regulación, por lo tanto, se presenta como una medida preventiva que busca minimizar los riesgos y garantizar una convivencia armónica entre los diferentes modos de transporte.

El debate continúa abierto. Mientras algunos celebran la iniciativa como un paso necesario para ordenar el caos vial y proteger a los más vulnerables, otros la critican como una medida restrictiva que limita la libertad de movimiento y frena la innovación. Lo cierto es que la Ciudad de México, como muchas otras metrópolis del mundo, se enfrenta al desafío de integrar las nuevas tecnologías de movilidad de forma segura y eficiente. El futuro de la movilidad urbana dependerá de la capacidad de las autoridades y la ciudadanía para dialogar, encontrar consensos y construir un modelo de transporte sostenible, seguro y accesible para todos. ¿Será esta iniciativa el camino correcto? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que el debate sobre la regulación de los scooters y bicicletas eléctricas apenas comienza. Y la Ciudad de México, una vez más, se encuentra a la vanguardia de la discusión.