La sombra de la intervención estadounidense sobre México es larga y compleja, un tema recurrente en la historia de ambos países que se manifiesta en susurros, rumores y acciones concretas. Desde las invasiones del siglo XIX hasta las presiones políticas y económicas más recientes, la percepción de una injerencia constante por parte del vecino del norte persiste en el imaginario colectivo mexicano. No se trata de una paranoia infundada, sino de la resonancia de un pasado marcado por episodios como la ocupación de Veracruz, la expedición punitiva contra Pancho Villa y el controvertido papel del embajador estadounidense en el derrocamiento de Madero. Estos eventos, grabados a fuego en la memoria histórica, alimentan la desconfianza y la sospecha ante cualquier movimiento proveniente del norte.

La intervención, sin embargo, no siempre se presenta con el rostro beligerante de las tropas cruzando la frontera. A lo largo del tiempo, ha adoptado formas más sutiles y sofisticadas, adaptándose a los contextos geopolíticos y a los intereses en juego. Si bien la amenaza de una invasión militar abierta parece lejana en la actualidad, la influencia estadounidense se ejerce a través de otros mecanismos, como la presión diplomática, la cooperación en materia de seguridad y la asistencia económica condicionada. En este sentido, la retórica agresiva de Donald Trump contra los cárteles mexicanos, si bien preocupante, no representa una ruptura total con la tradición intervencionista, sino más bien una actualización de la misma.

La reciente extradición de 26 personas ligadas al narcotráfico a Estados Unidos, junto con la promesa del Departamento de Justicia de no aplicar la pena de muerte, ilustra la complejidad de la relación bilateral. Este tipo de acuerdos, aunque presentados como muestra de cooperación, pueden interpretarse también como una forma de intervención en la soberanía judicial mexicana. La posterior detección de un dron militar estadounidense sobrevolando territorio nacional, presumiblemente con autorización del gobierno mexicano, refuerza la idea de una colaboración en materia de seguridad que, en la práctica, puede difuminar las líneas entre la asistencia y la injerencia.

La pregunta clave es si estas acciones constituyen una nueva forma de intervención o simplemente una continuación de las prácticas históricas bajo un nuevo disfraz. El uso de tecnología avanzada, como los drones, para la vigilancia y el combate al narcotráfico, representa una evolución en las tácticas, pero el objetivo subyacente –influir en la política interna de México– parece mantenerse constante. En este contexto, la discreción se convierte en un arma poderosa, permitiendo a Estados Unidos ejercer su influencia sin la necesidad de despliegues militares ostentosos. La intervención, en su versión moderna, se vuelve más silenciosa, pero no menos efectiva.

Es fundamental analizar estas dinámicas con una mirada crítica, considerando tanto las implicaciones para la seguridad nacional como para la autonomía de México en la toma de decisiones. La historia nos enseña que la intervención, en cualquiera de sus formas, raramente beneficia al país intervenido a largo plazo. Por ello, es crucial fortalecer las instituciones mexicanas, promover la transparencia en los acuerdos bilaterales y mantener un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, con el fin de construir una relación basada en el respeto mutuo y la no intervención.