La Ciudad de México da un paso firme hacia la recuperación de sus espacios públicos y la garantía del libre tránsito con la reciente aprobación de una ley que busca poner freno a los abusos cometidos por franeleros. En una reveladora entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio, Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, desgranó los detalles de esta importante reforma, que promete transformar la dinámica de las calles capitalinas.

Ávila enfatizó la necesidad de devolver a la ciudadanía el pleno disfrute de las vías públicas, liberándolas de la presión y la intimidación que, en muchos casos, ejercen quienes se apropian indebidamente de estos espacios. La incorporación del concepto de "vía pública" dentro de la ley, explicó la legisladora, es un componente clave de esta reforma, ya que permitirá una aplicación más precisa y efectiva de las sanciones.

Con la claridad que la caracteriza, Ávila aclaró que se trata de una reforma de carácter administrativo, lo que significa que las sanciones serán impuestas por un juez cívico. Esto agiliza el proceso y evita la saturación del sistema judicial penal. Las multas, que pueden ir de 24 a 36 horas de arresto inconmutable, se graduarán en función de la gravedad de la falta cometida, garantizando así la proporcionalidad de la sanción.

La presidenta de la Mesa Directiva detalló las cuatro conductas específicas que serán sancionadas: obstruir el paso peatonal o vehicular en la vía pública, exigir el pago por el uso de la vía pública, amenazar o intimidar a los ciudadanos por el uso de la vía pública, y condicionar el uso de la vía pública al pago de una cuota. Con esta precisión, se busca evitar ambigüedades y garantizar que la ley se aplique de manera justa y transparente.

Esta reforma no solo busca sancionar las conductas abusivas, sino también disuadirlas. Se espera que, con la aplicación de estas medidas, los ciudadanos puedan transitar libremente por las calles de la ciudad, sin temor a ser acosados o extorsionados. Además, se busca fomentar una cultura de respeto al espacio público, entendiendo que las calles son de todos y para todos.

La implementación de esta ley representa un desafío importante para las autoridades capitalinas, que deberán capacitar a los jueces cívicos y establecer los mecanismos necesarios para garantizar su correcta aplicación. Sin embargo, se trata de un paso fundamental para construir una ciudad más ordenada, segura y habitable. El diálogo y la colaboración entre la ciudadanía, las autoridades y los propios franeleros serán cruciales para lograr una convivencia pacífica y respetuosa en el espacio público.

La ciudadanía se muestra expectante ante la entrada en vigor de esta ley, con la esperanza de que se traduzca en una mejora tangible en su calidad de vida. El tiempo dirá si esta reforma logra alcanzar sus objetivos y transformar la realidad de las calles de la Ciudad de México.