La reciente confirmación del INEGI sobre la salida de 13.4 millones de mexicanos de la pobreza entre 2018 y 2024 no es simplemente un dato estadístico, sino un testimonio palpable del impacto transformador de las políticas públicas centradas en la dignidad y la justicia social. Hablamos de millones de personas que han experimentado una mejora tangible en sus condiciones de vida, un cambio que resuena en cada rincón del país, desde las grandes urbes hasta las comunidades más apartadas. Este logro no se limita a un aumento en los ingresos, sino que abarca una mejora integral en el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la salud, la educación y la alimentación. Es la materialización de un México más justo e inclusivo, donde cada ciudadano tiene la oportunidad de construir un futuro mejor.

El aumento histórico del 135% real al salario mínimo, una medida audaz y sin precedentes, se erige como un pilar fundamental de esta transformación. Lejos de ser una simple cifra, representa la restitución de la dignidad del trabajador, la garantía de un ingreso que permite cubrir las necesidades básicas y aspirar a una vida digna. A esto se suma la consolidación de los programas sociales como derechos constitucionales, una decisión que blinda a los más vulnerables ante la incertidumbre y les proporciona una red de apoyo esencial para su desarrollo. Estos programas, lejos de ser una dádiva, son una inversión en el capital humano del país, una herramienta que empodera a las familias y les brinda las herramientas para salir adelante.

El crecimiento del 15.7% en el ingreso promedio trimestral de los hogares, con dos terceras partes provenientes del trabajo, evidencia la eficacia de las políticas implementadas para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos dignos. No se trata solo de repartir mejor el presupuesto, sino de crear un entorno propicio para el crecimiento económico, donde el esfuerzo y el trabajo sean justamente recompensados. Este crecimiento, además, se ha distribuido de manera equitativa en las 32 entidades del país, demostrando el alcance nacional de esta transformación y el compromiso con el desarrollo integral de todas las regiones.

Ante la contundencia de estos resultados, la oposición se refugia en la negación y la minimización, recurriendo a tácticas dilatorias que buscan deslegitimar los avances alcanzados. Sin embargo, la realidad es innegable: millones de mexicanos viven hoy mejor que hace seis años. Este progreso es el fruto de decisiones valientes que priorizaron el bienestar colectivo sobre el lucro individual, la justicia social sobre los privilegios de unos pocos. Es el reflejo de un gobierno comprometido con las mayorías, un gobierno que trabaja incansablemente para construir un México más próspero y equitativo.

El camino por recorrer aún es largo, pero los cimientos están puestos. El reto ahora es consolidar estos logros y profundizar los cambios, asegurando que nadie quede rezagado en esta marcha hacia un futuro mejor. Se trata de blindar los programas sociales, continuar incrementando el salario mínimo y fortalecer los pilares del desarrollo humano: salud, educación y empleo. La Cuarta Transformación ha demostrado que un país más justo es posible, que la esperanza puede traducirse en realidades tangibles. 13.4 millones de mexicanos son testimonio de ello, 13.4 millones de razones para seguir transformando a México.