La pesadilla de perder tu hogar, el lugar donde construyes tus sueños y recuerdos, se ha convertido en una triste realidad para muchos en el Estado de México. El caso de Berenice Jazmín “N”, presunta integrante de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales” (USON), acusada de despojar a un hombre de su vivienda en Urbi Villa del Rey, es un reflejo de la creciente ola de despojos que azota la entidad. Imaginen la angustia de este hombre, quien adquirió legalmente su propiedad en 2021, solo para ser amenazado, golpeado y finalmente expulsado de su propio hogar tres años después. Las cintas apócrifas, las amenazas de muerte, la exigencia de 100 mil pesos… un escenario que parece sacado de una película, pero que lamentablemente se repite con demasiada frecuencia.

Este caso pone en evidencia la audacia y la impunidad con la que operan estos grupos delictivos, amparados en la intimidación y la violencia. La “Operación Restitución” y la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, implementadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), buscan combatir este flagelo, pero la magnitud del problema exige una respuesta aún más contundente. La detención de Berenice Jazmín “N” es un paso importante, pero es solo la punta del iceberg. Detrás de ella, se esconde una compleja red criminal que opera con total impunidad, aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente.

La USON, identificada como una de las organizaciones prioritarias en la lucha contra el despojo, no es la única. GOPEZ, “Unión 300”, “Los 300”, “Sindicato 22 de Octubre”, “Los Gastones”, “AMOS”… nombres que resuenan como una amenaza en los 14 municipios donde operan. Sus métodos son tan variados como perversos: amenazas, falsificación de documentos, sellos apócrifos… Un arsenal de artimañas legales e ilegales para arrebatar a la gente su patrimonio.

Las cifras son alarmantes. 4,936 denuncias por despojo en 2024, 24,915 casos desde 2020, y 2,760 solo en el primer semestre de 2025. Números fríos que esconden historias de dolor, de familias destruidas, de sueños rotos. El Estado de México se posiciona como la entidad con mayor incidencia de despojos en el país, una triste realidad que exige una respuesta inmediata y eficaz. No podemos permitir que la inseguridad y la impunidad sigan arrebatando a los ciudadanos su derecho a la vivienda, a la tranquilidad, a la paz.

¿Qué podemos hacer ante esta situación? La denuncia ciudadana es fundamental. No podemos callar ante la injusticia. Debemos alzar la voz y exigir a las autoridades que actúen con firmeza y determinación. La prevención también es clave. Informarse sobre los métodos que utilizan estos grupos, conocer nuestros derechos y estar alerta ante cualquier situación sospechosa puede marcar la diferencia. La lucha contra el despojo es una tarea de todos. Solo unidos, sociedad y autoridades, podremos frenar esta ola de violencia y garantizar el derecho a la vivienda para todos los mexiquenses. El hogar es un santuario, un refugio, un derecho fundamental. No permitamos que nos lo arrebaten.