La tragedia que rodea el caso de Fernandito, el niño de 5 años cuyo inocente rostro se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en el Estado de México, continúa conmoviendo a la sociedad y revelando las profundas grietas en nuestro sistema de justicia. La valentía de Marcelina Noemí Gómez, madre del pequeño, al denunciar las amenazas de muerte que ha recibido, pone en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas ante la intimidación y la posible colusión de las autoridades con los perpetradores. No podemos permitir que el miedo silencie las voces que claman justicia.

El cambio de representación legal, motivado por el temor a represalias, es un síntoma preocupante de la presión que se ejerce sobre quienes se atreven a desafiar a la delincuencia y la corrupción. El regreso de Fabiola Villa y la incorporación de Alan Girón al equipo legal renuevan la esperanza de que la verdad prevalezca y que los responsables del secuestro y asesinato de Fernandito sean castigados con todo el rigor de la ley.

La acusación directa contra la Policía de Género de La Paz, de ser la fuente de las amenazas, es una mancha grave en la imagen de una institución que debería proteger a los más vulnerables. Es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables. La confianza en las fuerzas del orden es fundamental para el funcionamiento de una sociedad justa y segura.

El silencio del gobierno municipal de La Paz ante las graves denuncias de Marcelina Noemí Gómez es inadmisible. La renuncia del titular del DIF municipal, Mario Cristalinas, no puede ser la única respuesta a una situación tan delicada. Se necesita una postura firme y transparente que garantice la protección de la familia de Fernandito y la colaboración plena con las investigaciones.

La solicitud de medidas de seguridad a través del mecanismo de protección mexiquense es un paso crucial para asegurar la integridad de Marcelina Noemí y su familia. El gobierno estatal debe responder con celeridad y eficacia a esta petición, brindando la protección necesaria para que puedan continuar su lucha por la justicia sin temor a represalias.

La prisión preventiva de los presuntos responsables, Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, es un primer paso hacia la justicia, pero no es suficiente. Es fundamental que la investigación complementaria se realice con la mayor diligencia y que se agoten todas las líneas de investigación para asegurar que todos los implicados en este atroz crimen sean llevados ante la justicia.

El caso de Fernandito no puede quedar impune. Es un llamado a la sociedad, a las autoridades y a los medios de comunicación a unir fuerzas para erradicar la violencia, la corrupción y la impunidad que azotan a nuestro país. La memoria de Fernandito debe ser un recordatorio constante de la importancia de proteger a nuestros niños y de construir un futuro donde la justicia y la paz sean una realidad para todos.

Más allá de la indignación y el dolor, debemos convertir este trágico evento en un catalizador para el cambio. Es necesario fortalecer las instituciones, promover la cultura de la denuncia y exigir rendición de cuentas a las autoridades. Solo así podremos honrar la memoria de Fernandito y construir un México más seguro y justo para nuestros niños. El clamor de justicia de Marcelina Noemí Gómez no puede ser ignorado. Es la voz de una madre que ha perdido lo más preciado y que merece todo nuestro apoyo y solidaridad en su búsqueda de la verdad.