Un aire denso de incertidumbre se respira en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La despedida de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y sus colegas ha dejado un vacío palpable, una mezcla de nostalgia y aprehensión entre los empleados que observan con inquietud el futuro que les depara. Más allá de los reconocimientos y el apoyo expresado a los ministros salientes, la verdadera interrogante reside en la capacidad de los recién llegados, liderados por Hugo Aguilar Ortiz, para ocupar el espacio dejado por quienes, con innegable dignidad, han defendido la autonomía del Poder Judicial.

La promesa de Aguilar Ortiz de reducir los salarios, anunciada desde la tribuna de la Cámara de Diputados, ha generado una ola de preocupación entre los trabajadores de la Corte. Se percibe un temor latente, la angustia de lo desconocido, la incertidumbre ante un futuro que se vislumbra precario. Este impasse, este periodo de transición entre la salida de unos y la llegada de otros, revela el proceso de transformación que atraviesa el Poder Judicial. Un proceso que, tras la pérdida de su autonomía, parece encaminarse hacia un adelgazamiento institucional, un posible desvanecimiento que lo convertiría en un mero apéndice del poder ejecutivo.

Recordemos los constantes señalamientos y descalificaciones, los ataques sin fundamento proferidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador contra los ministros de la SCJN. Una embestida constante, carente de pruebas, que puso en tela de juicio la integridad de la institución. En este contexto, la reforma judicial se enfrenta a una prueba de fuego, un desafío que pondrá a prueba su eficacia y legitimidad.

Las voces de preocupación no se limitan al ámbito nacional. Organizaciones internacionales, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, han expresado su inquietud por la independencia del Poder Judicial en México, señalando que los mecanismos implementados para los cambios al sistema judicial podrían socavar la autonomía de la justicia. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los Magistrados y Abogados también ha destacado la problemática de la interferencia de los gobernadores en el nombramiento de jueces en los tribunales estatales, una práctica que pone en entredicho la imparcialidad de la justicia a nivel local. ¿Será la reforma judicial capaz de erradicar esta práctica y garantizar la independencia de los tribunales estatales?

La ministra Loretta Ortiz, quien permanece en la Corte, ha hablado de un nuevo periodo, un tiempo de "legítima expectativa social de un Poder Judicial más democrático, accesible y comprometido con la justicia social". Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrán los nuevos ministros llenar los zapatos de sus predecesores? ¿Estarán a la altura del desafío de defender la autonomía del Poder Judicial frente a las presiones del poder político? El futuro de la justicia en México pende de un hilo, y la respuesta a estas interrogantes definirá el rumbo de la nación. La sociedad observa con atención, expectante ante el desenlace de este crucial capítulo en la historia del país. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.