La sombra de la duda se cierne sobre la reciente elección judicial, un proceso que, lejos de afianzar la democracia, la ha puesto en jaque. La escasa participación ciudadana, que apenas rozó el 13%, es un síntoma preocupante de la desconexión entre la ciudadanía y las instituciones. A esto se suma la inquietante aparición de los "acordeones", guías de votación distribuidas masivamente horas antes de la jornada electoral, coincidiendo sospechosamente con los resultados finales. Esta práctica, que evoca las épocas más oscuras de nuestra historia política, plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad del proceso. ¿Acaso hemos retrocedido a un sistema donde el voto se manipula y la voluntad popular se ignora?

El valiente proyecto del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que propone la anulación de la elección, arroja un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Sus argumentos, sólidos y fundamentados en la ley, señalan la gravedad de las irregularidades detectadas: financiamiento ilícito, injerencia de partidos políticos y violación flagrante de los principios constitucionales. Este no es un simple tecnicismo legal, es una cuestión de principios. Se trata de defender la esencia misma de nuestra democracia, de garantizar que el poder judicial se rija por la imparcialidad y la justicia, no por intereses partidistas.

La propuesta del Magistrado Rodríguez Mondragón nos obliga a reflexionar sobre el papel del Tribunal Electoral en la defensa de la democracia. ¿Será capaz de resistir las presiones políticas y actuar con independencia? ¿Estará a la altura de las circunstancias y anulará una elección manchada por la ilegalidad? La respuesta a estas preguntas definirá no solo el futuro del proceso judicial, sino también la credibilidad de nuestras instituciones.

La ciudadanía, atenta y vigilante, exige respuestas. No podemos permitir que la sombra de la duda empañe la legitimidad del poder judicial. Necesitamos un sistema transparente, donde el voto se respete y la voluntad popular sea la única guía. La anulación de la elección, aunque dolorosa, sería un paso necesario para sanar las heridas de nuestra democracia y reconstruir la confianza en las instituciones. No se trata de un capricho, sino de una necesidad imperiosa para fortalecer el Estado de Derecho y asegurar un futuro donde la justicia prevalezca sobre los intereses particulares.

Más allá de las cifras y los procedimientos legales, estamos ante un dilema moral. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una donde la ley se respeta o una donde la impunidad se convierte en la norma? La decisión del Tribunal Electoral no solo definirá el destino de esta elección, sino también el rumbo de nuestra democracia. La historia nos juzgará por nuestras acciones, por nuestra capacidad de defender los principios que sustentan una sociedad justa y libre. El futuro está en nuestras manos, y la responsabilidad de construirlo es de todos. El silencio cómplice no es una opción.