El debate sobre la efectividad y el impacto real de las políticas públicas siempre ha sido un tema candente. Más allá de las ideologías y las filiaciones políticas, lo crucial es analizar si estas intervenciones realmente logran transformar la vida de la población a la que se dirigen. Las investigadoras Pérez Yarahuán y Maldonado Trujillo nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la evaluación del impacto, no como un mero trámite burocrático, sino como una herramienta esencial para comprender el valor público generado. Identificar el efecto causal, es decir, el cambio concreto que una política produce en la vida de las personas, es la clave para determinar su éxito o fracaso.

Esto nos lleva a la cuestión fundamental: ¿cómo se define el valor público? No se trata simplemente de gastar dinero público, sino de invertirlo de manera estratégica para generar un beneficio tangible y sostenible para la sociedad. Un gobierno responsable debe priorizar las necesidades reales de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, y diseñar programas que respondan a esas necesidades de forma efectiva. La improvisación y las ocurrencias, las medidas pensadas más en réditos electorales que en el bienestar común, no tienen cabida en una gestión pública comprometida con la creación de valor público.

La 4T, en este contexto, se presenta como un modelo de gobierno que busca precisamente ese valor público trascendente. La inversión en programas sociales, como las pensiones para adultos mayores y las becas para estudiantes de preparatoria, son ejemplos concretos de cómo se pueden destinar recursos públicos para mejorar la calidad de vida de las personas y promover la movilidad social. No se trata de dádivas, sino de una inversión en el futuro del país, en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Un billón de pesos destinado a programas de bienestar no es un gasto, es una apuesta por el desarrollo humano.

La cita de Acemoglu y Robinson sobre la libertad nos invita a una reflexión aún más profunda. La libertad no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible que se manifiesta en la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus propias vidas, sin miedo a la violencia, la intimidación o la precariedad económica. La 4T, al combatir la pobreza y la desigualdad, amplía el margen de libertad de millones de mexicanos. Cuando una persona tiene acceso a una pensión, a una beca, a servicios de salud dignos, su capacidad de decidir y actuar se amplía. No se trata de una libertad utópica, sino de una libertad real, materializada en el acceso a oportunidades y en la reducción de la vulnerabilidad.

La reducción del porcentaje de población en situación de pobreza, del 41.9% en 2018 al 29.6% en la actualidad, es un dato contundente que respalda la afirmación de que la 4T está construyendo "andamios sociales" que permiten a las personas alcanzar una vida mejor. Estos andamios no son estructuras rígidas, sino apoyos que facilitan el ascenso social, la participación ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos. La crítica, por supuesto, siempre estará presente, pero los resultados hablan por sí solos. La 4T, con sus aciertos y sus errores, está demostrando que la creación de valor público es posible y que la transformación social no es una utopía, sino un objetivo alcanzable. "Solvitur ambulando", se demuestra andando, y la 4T está caminando, construyendo un camino hacia una sociedad más justa y próspera.