La propuesta de reforma electoral, impulsada por el Ejecutivo, nos coloca ante una encrucijada histórica. Se presenta como una modernización, pero en realidad, ¿no es un retroceso disfrazado? El discurso oficial habla de eficiencia y ahorro, pero el análisis profundo revela una posible concentración de poder que desdibuja los principios fundamentales del federalismo y el pluralismo, pilares de nuestra democracia.

El argumento de la austeridad, si bien atractivo en tiempos de crisis, no puede justificar el desmantelamiento de instituciones que garantizan la equidad y la transparencia en los procesos electorales. Recordemos que la construcción de un sistema electoral robusto y confiable ha sido un proceso largo y costoso, con avances y retrocesos, pero siempre con la mira puesta en fortalecer la democracia. ¿Acaso se puede poner precio a la confianza ciudadana en las instituciones?

La figura de los plurinominales, ahora tan cuestionada, ha sido un mecanismo para asegurar la representación de las minorías, evitando que la voz de los menos se pierda en el clamor de las mayorías. Eliminar o reducir drásticamente esta figura, ¿no significaría silenciar a sectores importantes de la sociedad? La democracia, por definición, debe ser incluyente y representativa de todas las voces, no solo de las más fuertes.

Es preocupante la aparente homogeneización del pensamiento político que se vislumbra tras esta reforma. La diversidad de opiniones y visiones es la riqueza de una sociedad democrática. Limitar la participación de expertos electorales con perspectivas diferentes a la oficialista, ¿no empobrece el debate y limita la posibilidad de construir un sistema electoral verdaderamente representativo y equitativo?

La centralización del poder electoral, bajo el argumento de la eficiencia, podría convertirse en un instrumento para controlar y manipular los procesos electorales. El federalismo, con sus bemoles, ha sido un contrapeso al poder central, permitiendo una mayor autonomía y participación de las entidades federativas en la organización de las elecciones. ¿No se corre el riesgo de que la concentración del poder en una sola entidad facilite la manipulación y el fraude?

La historia nos enseña que la concentración del poder, sin los debidos contrapesos, puede derivar en autoritarismo. La democracia se construye con la participación activa de la ciudadanía, con instituciones sólidas e independientes, y con un sistema electoral que garantice la equidad y la transparencia. La reforma propuesta, en lugar de fortalecer estos pilares, parece debilitarlos, poniendo en riesgo el futuro de nuestra democracia.

Es fundamental un debate amplio y profundo sobre las implicaciones de esta reforma. No podemos permitir que decisiones trascendentales para el futuro del país se tomen a la ligera, sin la participación informada de la ciudadanía. La democracia es un bien preciado que debemos defender con argumentos, con participación y con la convicción de que un sistema plural y federalista es la mejor garantía para un futuro justo y equitativo.