La sombra de la sospecha se extiende sobre el sexenio pasado. Lo que comenzó como un mantra de esperanza, "abrazos, no balazos", se ha transformado en una interrogante inquietante: ¿fue esta política la llave que abrió la puerta a una era de empoderamiento del crimen organizado? La narrativa oficial se desmorona ante la avalancha de indicios que apuntan a una intrincada red de corrupción, donde las alianzas entre cárteles y narcopolíticos parecen ser la norma, no la excepción.

Desde Washington, la mirada escrutadora de Donald Trump y su administración se fija en México. Las declaraciones, cada vez más directas, dibujan un panorama preocupante: una "alianza intolerable" entre el gobierno mexicano y los grupos criminales. No son meras especulaciones, sino afirmaciones que resuenan desde la Casa Blanca hasta los pasillos del Pentágono. Figuras clave como Marco Rubio, JD Vance, Pete Hegseth y Pamela Bondi, todos con posiciones de poder, se hacen eco de la misma preocupación. La pregunta ya no es si existen vínculos, sino quiénes, cómo y por qué tejieron esta peligrosa red.

Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Recordemos las palabras de Trump al final del sexenio de López Obrador: "el gobierno de México estaba petrificado, porque los cárteles pueden quitar a un presidente en dos minutos". Una frase lapidaria que deja entrever la magnitud del problema. Y la respuesta del Jefe del Pentágono, ante la posibilidad de una intervención directa en México, no deja lugar a dudas: "todas las opciones están sobre la mesa". A esto se suma la orden firmada por Trump para permitir incursiones militares contra cárteles en territorio extranjero, el sobrevuelo de drones realizando labores de inteligencia en México, y las declaraciones del zar de la frontera, Tom Homan: "los cárteles han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo juntas". Trump, asegura Homan, "terminará con los cárteles y los borrará del mapa".

La recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cártel de los Soles, y las revelaciones sobre los nexos entre la dictadura venezolana y el Cártel de Sinaloa, añaden otra capa de complejidad. Los hijos de "El Chapo", Ovidio y Joaquín Guzmán López, colaboran con las autoridades estadounidenses, y sus testimonios podrían salpicar a varios narcopolíticos mexicanos.

Mientras tanto, la prensa estadounidense se hace eco de la ineficacia del gobierno mexicano para desmantelar estas redes de corrupción. En un intento por mostrar alguna acción, el gobierno de Sheinbaum envía a Estados Unidos una nueva tanda de criminales, sumando 26 a los 29 entregados en febrero. Pero, ¿es suficiente? Estos criminales poseen información valiosa. Si deciden hablar, a cambio de acuerdos o sentencias reducidas, podrían desatar un terremoto político que alcanzaría al propio López Obrador. ¿Cómo explicará su desconocimiento sobre los nexos entre políticos y narcos, cuando él mismo afirmaba que "el presidente se entera de todo"? A menos, claro está, que su silencio fuera cómplice.

La captura de "El Mayo" Zambada es otro elemento que alimenta las sospechas. No hay coincidencias, solo una trama que se va revelando poco a poco. El rompecabezas cobra forma, y la imagen que emerge es la de un país atrapado en las garras del narcotráfico, con una clase política que, en muchos casos, parece ser parte del problema, no de la solución. El futuro de México se vislumbra incierto, mientras las sombras del pasado se alargan y amenazan con oscurecer el presente.