El sol baña las playas de Puerto Vallarta, las olas acarician la arena dorada y los turistas disfrutan de margaritas bajo la sombra de una palapa. Una postal idílica, ¿cierto? Lamentablemente, la realidad que se esconde tras esta fachada paradisíaca es mucho más oscura y compleja. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha destapado la olla y revelado lo que muchos sospechaban: Puerto Vallarta se ha convertido en una "fortaleza estratégica" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ya no se trata solo de un lugar de descanso para los narcos, sino de un centro neurálgico de sus operaciones, un engranaje empresarial bien aceitado para estafar y enriquecerse a costa de la ingenuidad, principalmente de ciudadanos estadounidenses.

Las sanciones impuestas a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro, el brazo armado del cártel en la región, responsables de sembrar el terror con fusiles y drones explosivos, son solo la punta del iceberg. La verdadera joya de la corona es Michael Ibarra Díaz Jr., un empresario vallartense del sector turístico con más de 20 años de experiencia, acusado de tejer una red de 13 empresas para defraudar a extranjeros, en su mayoría adultos mayores, a través de la venta fraudulenta de tiempos compartidos.

Imaginen la escena: un jubilado estadounidense recibe una llamada prometedora. Una voz amable, con perfecto dominio del inglés, le ofrece una oportunidad irresistible para vender o rentar su tiempo compartido. La víctima, confiada, accede a pagar "cuotas" e "impuestos" por adelantado, sin saber que está cayendo en una trampa. El dinero desaparece, el tiempo compartido nunca se vende y la víctima, además de perder sus ahorros, a menudo es revictimizada por falsos abogados que prometen recuperar el dinero a cambio de más pagos. Un círculo vicioso de engaño y desesperación.

El modus operandi es sofisticado. Call centers con operadores bilingües, acceso ilegal a bases de datos de propietarios de tiempos compartidos y una red de empresas fachada que incluye inmobiliarias, agencias de viajes, operadoras turísticas y hasta firmas contables, todo diseñado para lavar el dinero y darle una apariencia de legitimidad a la estafa. Según el Tesoro, este esquema ha dejado a más de 6 mil estadounidenses con un agujero de casi 300 millones de dólares en sus bolsillos, solo entre 2019 y 2023. Una cifra que habla por sí sola de la magnitud de la operación.

La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo ha podido ocurrir esto durante tanto tiempo en uno de los destinos turísticos más importantes de México? ¿Acaso las autoridades locales, gobernadores y presidentes municipales, han hecho la vista gorda? ¿Es posible que Luis Ernesto Munguía y Pablo Lemus no supieran nada de estas actividades ilícitas? La ceguera, si es que existió, es imperdonable. Y si sabían y callaron, la complicidad es aún más grave.

Mientras tanto, Puerto Vallarta sigue vendiendo atardeceres y paseos en barco, pero la sombra del CJNG se cierne sobre la ciudad. La etiqueta de "fortaleza estratégica" del crimen organizado es una mancha difícil de borrar, un recordatorio de que la belleza natural puede esconder realidades turbias. La lucha contra el narcotráfico no solo se libra en las calles, sino también en las oficinas con vista al mar, donde el dinero fluye y las estafas se perfeccionan. Y mientras la impunidad reine, el paraíso seguirá siendo un refugio para los criminales.

Y en otras noticias, la cooperación entre México y Estados Unidos se intensifica con el sobrevuelo de drones estadounidenses en zonas consideradas focos rojos. Ayer, un MQ-9B SkyGuardian de la CBP sobrevoló Valle de Bravo, Temascaltepec y Tejupilco, Estado de México, recopilando información crucial para la lucha contra el crimen organizado. Una señal de que la vigilancia se extiende más allá de las playas de Vallarta, alcanzando las montañas del Estado de México.