La reciente declaración de la ministra Loretta Ortiz sobre la prisión preventiva oficiosa ha desatado un intenso debate en el ámbito jurídico mexicano. Sus palabras, calificando de "suicida" un posible debate sobre el tema en la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han resonado con fuerza y generado diversas interpretaciones. Ortiz argumenta que la profunda división de criterios entre los ministros haría inviable una discusión fructífera, llegando incluso a tildar de "ilusorio" el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat. Esta postura abre una serie de interrogantes cruciales sobre el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México y el rol de la SCJN en su eventual modificación.

La ministra Ortiz ha puesto sobre la mesa la complejidad del problema, señalando la falta de consensos dentro del máximo tribunal como principal obstáculo para abordar la cuestión. Sus declaraciones sugieren una preocupación por las posibles consecuencias de un debate fracturado, que podría derivar en una decisión precipitada o, peor aún, en un estancamiento que perpetúe la situación actual. Es importante recordar que la SCJN tiene pendiente la resolución de dos proyectos sobre la prisión preventiva oficiosa, uno del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y otro de la ministra Ríos Farjat. El primero se centra en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el segundo propone una reinterpretación de la figura para eliminar su carácter automático.

La ministra Ortiz ha expresado su escepticismo sobre la viabilidad del proyecto de Ríos Farjat, argumentando que su aplicación práctica sería extremadamente compleja. Según su análisis, la garantía constitucional que prohíbe la retroactividad de las leyes impediría que la eventual modificación de la prisión preventiva oficiosa beneficie a quienes ya se encuentran encarcelados bajo esa figura. Este argumento plantea un dilema crucial: ¿cómo reformar un sistema que afecta a miles de personas sin generar un efecto cascada de liberaciones que podría poner en riesgo la seguridad pública?

La propuesta de la ministra Ortiz apunta a la necesidad de una reforma constitucional que ajuste la prisión preventiva oficiosa a determinados delitos. Esta solución, si bien compleja, podría ofrecer un marco jurídico más sólido y evitar las interpretaciones divergentes que han caracterizado el debate hasta el momento. Además, la ministra ha insistido en la importancia de depurar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y establecer un proceso claro y transparente para la aplicación de la prisión justificada. Este enfoque busca equilibrar la necesidad de garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos de los acusados.

La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa está lejos de estar cerrada. Las declaraciones de la ministra Ortiz han abierto un nuevo capítulo en este complejo debate, poniendo de manifiesto la necesidad de un diálogo serio y responsable que permita encontrar soluciones justas y eficaces. El futuro de esta figura jurídica dependerá de la capacidad del sistema judicial para alcanzar consensos y adaptarse a las exigencias de un Estado de Derecho que garantice la seguridad y la justicia para todos. La sociedad civil, los académicos y los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este proceso, promoviendo un debate informado y plural que contribuya a la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo.