La discriminación hacia las personas con discapacidad es una realidad lacerante que se manifiesta en múltiples formas, desde barreras arquitectónicas hasta prejuicios profundamente arraigados en la sociedad. Si bien se han logrado avances en la legislación y la concientización, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la plena inclusión y el ejercicio efectivo de sus derechos. Este artículo busca profundizar en la complejidad de la problemática, desmontando mitos y ofreciendo una perspectiva integral que nos permita comprender la discapacidad no como una limitación individual, sino como el resultado de la interacción entre la diversidad funcional y un entorno social que a menudo excluye y margina.

Históricamente, las personas con discapacidad han sido objeto de estigma y discriminación, relegadas a los márgenes de la sociedad y privadas de oportunidades. Se les ha atribuido la responsabilidad de su condición, ignorando las barreras estructurales y las actitudes discriminatorias que les impiden participar plenamente en la vida social, económica, política y cultural. Esta visión distorsionada perpetúa la desigualdad y refuerza la idea de que la discapacidad es una tragedia personal, en lugar de una característica más de la diversidad humana.

Es fundamental comprender que la discapacidad no se define únicamente por la diversidad funcional de un órgano, la mente o cualquier otra parte del cuerpo. La verdadera discapacidad surge cuando esta diversidad funcional se encuentra con un entorno inaccesible, hostil o indiferente a las necesidades específicas de las personas. Un edificio sin rampas, un sitio web sin adaptaciones para personas con discapacidad visual, la falta de intérpretes de lengua de señas en eventos públicos, son ejemplos de barreras que limitan la participación y refuerzan la exclusión.

La Constitución Mexicana, en su artículo 1º, establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto implica un compromiso ineludible con la inclusión de las personas con discapacidad, que se traduce en la implementación de políticas públicas que eliminen las barreras y promuevan la igualdad de oportunidades. No se trata de caridad o asistencialismo, sino de justicia social.

La inclusión no significa simplemente integrar a las personas con discapacidad en los espacios existentes, sino transformar esos espacios para que sean accesibles y acogedores para todos. Implica reconocer la autonomía y la capacidad de decisión de cada individuo, respetando su voluntad y evitando la sobreprotección que a menudo limita su desarrollo personal. La inclusión genuina requiere un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad que valore la diversidad y reconozca el potencial de todas las personas, independientemente de sus capacidades.

Las cifras del INEGI revelan la magnitud de la población con discapacidad en México, un grupo significativo que, sin embargo, sigue estando subrepresentado en la vida pública. Esta subrepresentación no es casual, sino el resultado de la discriminación y la falta de oportunidades. Es necesario impulsar la participación política y social de las personas con discapacidad, garantizando su acceso a cargos públicos, promoviendo su liderazgo en organizaciones sociales y creando espacios de diálogo e intercambio.

El lenguaje que utilizamos para referirnos a la discapacidad también es importante. Términos como "minusválido" o "incapacitado" refuerzan la idea de una deficiencia o una limitación. En cambio, la expresión "persona con discapacidad" pone el énfasis en la persona, reconociendo su dignidad y su individualidad. El lenguaje inclusivo no es una cuestión de corrección política, sino una herramienta para construir una sociedad más justa e igualitaria.

La discriminación hacia las personas con discapacidad no es un problema individual, sino una cuestión social que nos interpela a todos. Es necesario derribar los prejuicios, promover la empatía y construir una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse plenamente. La inclusión no es un favor, es un derecho.