La búsqueda del lujo y la comodidad no es inherentemente reprochable. Anhelar viajar en primera clase, hospedarse en hoteles de ensueño, lucir relojes exclusivos o cenar en restaurantes de renombre es perfectamente legítimo si la fortuna que lo permite proviene de un trabajo honesto y transparente. Sin embargo, la línea que separa lo lícito de lo ilícito se difumina cuando la opulencia se financia con sobornos, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos o cualquier otra forma de corrupción. Es en ese punto donde el deseo de bienestar se convierte en una traición a la confianza pública y una afrenta a la justicia social.

Por décadas, México ha luchado contra el veneno de la corrupción que ha permeado sus instituciones y corroído la fe de la ciudadanía en sus representantes. La llegada de un nuevo liderazgo en 2018 trajo consigo la promesa de un cambio radical, un compromiso con la austeridad y una esperanza renovada de que las prácticas corruptas serían erradicadas. A pesar de los avances logrados y los beneficios tangibles para los sectores más vulnerables de la sociedad, la sombra de la corrupción persiste, manifestándose en el ostentoso estilo de vida de algunos miembros de la nueva clase política.

No se trata de generalizar ni de estigmatizar a toda una clase, pero es innegable que existen figuras prominentes cuyo patrimonio y hábitos de consumo levantan sospechas. Propiedades de lujo, vehículos de alta gama, relojes exorbitantes, vacaciones fastuosas y asistencia a eventos exclusivos, son algunos de los elementos que despiertan interrogantes sobre la procedencia de sus recursos. Si bien no todos los políticos son corruptos, la exhibición desmedida de riqueza por parte de algunos genera desconfianza y alimenta la percepción de que el servicio público se ha convertido en un medio para el enriquecimiento personal.

Ante este panorama, resulta inevitable recordar la figura de José "Pepe" Mujica, el ex presidente uruguayo que hizo de la austeridad una filosofía de vida. Su chacra modesta, su viejo Volkswagen y su perra de tres patas se convirtieron en símbolos de su rechazo al materialismo y su compromiso con una vida sencilla y congruente con sus principios. Mujica nos enseñó que la pobreza no se mide por la cantidad de bienes que se posee, sino por la insaciable sed de acumular más y más, por la incapacidad de estar satisfecho con lo que se tiene. Su mensaje, claro y contundente, es una llamada de atención a aquellos que han sucumbido a la tentación del lujo y el poder, recordándoles que el servicio público no es una plataforma para el enriquecimiento personal, sino una responsabilidad que exige honestidad, transparencia y un compromiso inquebrantable con el bienestar colectivo.

La reciente polémica en torno al viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, ilustra la complejidad de este debate. Mientras que algunos defienden su derecho a disfrutar de sus recursos personales, otros cuestionan la pertinencia de exhibir un estilo de vida que contrasta con el discurso de austeridad promovido por su padre y la actual administración. El llamado a la "justa medianía", formulado por Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, abre un espacio para la reflexión sobre los límites del consumo y la necesidad de que los líderes políticos actúen con congruencia y ejemplaridad.

La discrepancia entre Alcalde y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, en cuanto a la definición de "justa medianía", pone de manifiesto la diversidad de interpretaciones que existen sobre este tema. Mientras que Noroña argumenta que cada individuo es libre de gastar lo que gana, la realidad es que los ingresos declarados por muchos políticos no justifican sus gastos suntuosos. Esto nos lleva a cuestionar la existencia de prebendas, bonos, sobresueldos, viáticos excesivos y otras prácticas opacas que inflan los bolsillos de algunos funcionarios a costa del erario público. La falta de transparencia y la limitada capacidad de fiscalización del Poder Legislativo contribuyen a perpetuar este círculo vicioso.

En definitiva, la lucha contra la corrupción y la promoción de una cultura de austeridad y transparencia en el servicio público son tareas pendientes que requieren un compromiso conjunto de la sociedad y sus representantes. Es fundamental fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como fomentar una ética pública que priorice el bien común por encima del interés individual. Solo así podremos construir un país más justo, equitativo y libre de la sombra de la corrupción.