La tragedia de Fernandito, un niño de tan solo cinco años arrebatado de los brazos de su madre y brutalmente asesinado por una deuda de mil pesos, ha conmocionado a México y nos obliga a una profunda reflexión sobre el estado de nuestro sistema de justicia. Más allá de la indignación y el dolor, este caso pone de manifiesto las fallas estructurales que debemos abordar con urgencia para evitar que se repitan semejantes atrocidades.

La indolencia y la falta de diligencia de las autoridades ante la desesperada petición de ayuda de Noemí, la madre de Fernandito, son inaceptables. Acudir al DIF Municipal y a las fiscalías de los Reyes La Paz y Ciudad Nezahualcóyotl debería ser garantía de protección y apoyo, no una puerta cerrada ante el peligro inminente. Es imperativo que se investigue a fondo la actuación de los funcionarios involucrados y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes hayan incurrido en omisiones. La justicia no solo debe castigar a los culpables directos del crimen, sino también a aquellos que, con su inacción, contribuyeron a la tragedia.

Este caso no es un hecho aislado. La violencia, la impunidad y la falta de acceso a una justicia pronta y expedita son problemas que aquejan a miles de familias mexicanas. La transformación del Poder Judicial, que comienza con la entrada en funciones de los nuevos ministros, magistrados y jueces, es un paso crucial, pero no suficiente. Es fundamental que las Fiscalías estén a la altura de este nuevo sistema, con carpetas de investigación sólidas y una atención profesional y humana a las víctimas. No basta con buenas leyes, necesitamos también funcionarios capacitados, comprometidos y sensibles a las necesidades de la población.

La profesionalización de los funcionarios, especialmente en casos de violencia contra mujeres, niños y adolescentes, es una prioridad inaplazable. Necesitamos protocolos claros y efectivos que garanticen la atención inmediata y la protección de las víctimas. La capacitación debe ir más allá de lo técnico e incluir una formación en derechos humanos y perspectiva de género. No podemos permitir que la burocracia, la indolencia o la falta de empatía se interpongan en el camino de la justicia.

La deuda que tenemos con Fernandito y con todas las víctimas de la violencia es enorme. Desde el Congreso, desde las comisiones de Seguridad Ciudadana y Justicia, seguiremos trabajando para impulsar la transformación de las instancias encargadas de la procuración y administración de justicia. La construcción de un país más seguro y justo requiere el compromiso de todos: autoridades, legisladores y sociedad civil.

El llamado a la Gobernadora, al Fiscal General de Justicia del Estado de México y a la Presidenta Municipal de los Reyes La Paz es a asumir su responsabilidad y a implementar los cambios necesarios para prevenir futuras tragedias. Este no es un asunto político, es un asunto de humanidad. No podemos permitir que la indiferencia y la impunidad sigan cobrando vidas inocentes.

A Noemí y a su familia, les expresamos nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad. Que la memoria de Fernandito nos impulse a construir un México donde la justicia sea una realidad para todos.

Finalmente, hago un llamado a la reflexión. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando una deuda de mil pesos puede costar la vida de un niño? ¿Qué tipo de país queremos dejar a las futuras generaciones? La respuesta está en nuestras manos. Es tiempo de actuar.