La tragedia ha golpeado a la comunidad de Santiago Mihuatlán, Puebla, dejando una estela de dolor e indignación. Leonel, un joven profesor de 32 años dedicado a la noble labor de educar en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Sierra Negra, fue encontrado sin vida en su hogar en la colonia Villa Alegría. El pasado lunes 11 de agosto, la tranquilidad de la noche se vio interrumpida por un reporte al 911 que alertaba sobre un hombre inconsciente. Al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con la desgarradora escena: el cuerpo de Leonel yacía con múltiples heridas causadas por un arma punzocortante.

La noticia se extendió como la pólvora, encendiendo la furia y el dolor entre sus estudiantes, amigos y familiares, quienes claman justicia y exigen que se investigue el caso como un crimen de odio. Argumentan que la orientación sexual de Leonel, perteneciente a la comunidad LGBT+, pudo haber sido el móvil del atroz acto. Esta sospecha, alimentada por la creciente ola de violencia contra la comunidad, ha generado una profunda conmoción y ha puesto en el ojo del huracán la actuación de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, por su parte, ha iniciado una carpeta de investigación por asalto y homicidio. Según sus primeras indagatorias, dos sujetos habrían irrumpido en la vivienda de Leonel, revolviendo sus pertenencias y finalmente arrebatándole la vida. Sin embargo, esta versión no convence a muchos, quienes cuestionan la falta de un pronunciamiento claro sobre la posibilidad de un crimen de odio.

La hermana de Leonel, a través de las redes sociales, ha expresado el dolor de la familia y su deseo de que se haga justicia. Ha pedido respeto por su privacidad y ha aclarado que no han dado entrevistas a medios de comunicación, buscando evitar la tergiversación de la información. Su llamado a la prudencia contrasta con la creciente ola de indignación que exige respuestas y acciones concretas.

Miembros de la comunidad LGBT+ se han sumado a la petición de una investigación exhaustiva que considere la orientación sexual de Leonel como un posible móvil del crimen. Critican la actuación de la FGE, señalando que la escena del crimen no fue debidamente asegurada, lo que podría haber comprometido la recolección de pruebas cruciales. Testigos afirman que la puerta de la vivienda permaneció abierta tras el hallazgo del cuerpo, una negligencia que levanta serias dudas sobre el rigor de la investigación.

La aparente falta de ruido durante el supuesto asalto también alimenta las sospechas. Algunos allegados a Leonel plantean la hipótesis de un ataque planeado, lo que contradice la versión del robo. En medio de la incertidumbre y el dolor, la comunidad de Santiago Mihuatlán se prepara para marchar en Tehuacán, exigiendo justicia para Leonel y que su muerte no quede impune. La sombra de la violencia y la discriminación se cierne sobre un caso que ha conmocionado a Puebla y que exige una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades. El clamor de justicia resuena con fuerza, esperando que la verdad ilumine un caso envuelto en dolor y misterio.