La tragedia que ha conmocionado al Estado de México continúa revelando detalles desgarradores. La frialdad del crimen, la corta edad de la víctima y la aparente insignificancia de la deuda que lo motivó, han generado una ola de indignación y dolor en la comunidad. La jueza a cargo del caso ha vinculado a proceso a los tres presuntos responsables: Carlos N, Lilia N y Ana Lilia N, acusados ahora de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo, un cargo que refleja la gravedad del acto y la vulnerabilidad de la víctima, el pequeño Fernando de tan solo cinco años.

Dos meses. Ese es el plazo que la justicia ha determinado para completar la investigación. Sesenta días que se antojan eternos para una familia destrozada, para una sociedad que exige justicia. Mientras tanto, los acusados permanecerán bajo prisión preventiva justificada, una medida necesaria para asegurar su presencia durante el proceso y evitar cualquier posible obstrucción a la justicia. El Juzgado de Control de Juicio Oral de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial, adscrito al penal estatal Neza-Bordo, fue el escenario de esta audiencia crucial, un espacio donde la ley busca abrirse paso entre la tristeza y la rabia.

La decisión de la jueza, según los reportes, se basa en las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Evidencias que, al parecer, son contundentes y que dibujan un panorama escalofriante. La reclasificación del delito, de secuestro que causó la muerte a secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma, subraya la intencionalidad y la crueldad del acto. No se trató de un accidente, sino de un crimen premeditado contra un niño indefenso.

Las pruebas periciales de la FGJEM han revelado detalles aún más perturbadores. Manchas hemáticas encontradas en diferentes partes de la vivienda sugieren que el pequeño Fernando sufrió antes de morir. La ubicación de estas manchas, distinta al lugar donde se halló el cuerpo, abre interrogantes sobre el calvario que el niño pudo haber padecido en manos de sus captores. Un calvario que, presuntamente, comenzó con una deuda de mil pesos que su madre no pudo pagar a Lilia N, quien, con la supuesta ayuda de Ana Lilia N y Carlos N, habría cometido este acto atroz.

La sombra de la desaparición de persona también se cierne sobre los acusados. Un delito adicional que añade peso a la acusación y que refleja la complejidad del caso. El próximo 13 de octubre, fecha límite para el cierre de la investigación, se espera que se arroje más luz sobre este oscuro episodio. Mientras tanto, la sociedad permanece expectante, exigiendo justicia para Fernando y un castigo ejemplar para quienes se atrevieron a arrebatarle la vida. La justicia, lenta pero implacable, tiene la palabra. El futuro de los acusados está en manos de la ley, y la memoria de Fernando, en el corazón de una comunidad que no lo olvidará.