La tensión se respiraba en el aire. El eco de la violencia reciente aún resonaba en las calles de Santa Teresa Llano Grande, El Sabinalito y El Jocote, comunidades fronterizas con Guatemala que hasta hace poco eran sinónimo de miedo e incertidumbre. La sombra del crimen organizado, que se había extendido como una mancha de aceite durante años, había silenciado el bullicio habitual, reemplazándolo por un silencio preñado de temor. El asesinato del comisariado ejidal de El Sabinalito, Rudy Aguilar Lucas, y de su hermano, Manolo, el pasado 8 de agosto, a manos de un comando armado, fue la gota que derramó el vaso. La respuesta no se hizo esperar. Las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), conocidas como "los Pakales", irrumpieron en la escena con la firmeza de un dique conteniendo una inundación. Su presencia, junto a la del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía Estatal, ha tejido una red de seguridad que comienza a devolver la tranquilidad a estas comunidades asoladas por el miedo.

El comando de operaciones móvil "Kanan 02", instalado estratégicamente en la zona, y los retenes de inspección que se despliegan a lo largo de la carretera que conduce a Guatemala, son testimonio de la determinación de las autoridades por erradicar la violencia. Poco a poco, la vida retoma su curso. Los negocios, que habían cerrado sus puertas ante la amenaza constante, comienzan a reabrir tímidamente. El rumor de los camiones de carga, transportando mercancías esenciales como maíz, frijol y abarrotes, vuelve a llenar las calles, reemplazando el silencio opresivo con el sonido de la actividad económica.

Un símbolo tangible de la liberación de estas comunidades es la desaparición de las plumas y casetas que el grupo delincuencial había instalado para cobrar el infame "derecho de piso". Un miembro de las FRIP, que prefiere mantener el anonimato por razones de seguridad, confirma la noticia: "El transporte público y de carga ya circula con normalidad en la carretera principal que conecta con Mesilla, Guatemala. Se acabaron las extorsiones y el cobro de piso". Sus palabras reflejan el optimismo que se respira en el ambiente, aunque la cautela sigue presente.

Desde 2021 hasta diciembre de 2024, estas comunidades estuvieron bajo el yugo del cártel Chiapas-Guatemala, que había convertido la zona en su centro de operaciones. Ahora, liberadas del control del crimen organizado, comienzan a sanar sus heridas. La presencia permanente de las FRIP, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, es un bálsamo para los habitantes, que ven en ellos la garantía de un futuro más seguro.

La voz de la comunidad se alza con esperanza: "Desde que llegaron los Pakales, todo ha cambiado. Queremos que se queden, porque lo que necesitamos es seguridad". Este clamor popular refleja la necesidad de consolidar la paz y prevenir el regreso de la violencia. Incluso del lado guatemalteco, se ha desplegado presencia militar, un hecho inusual que demuestra la gravedad de la situación y la voluntad de ambos países por cooperar en la lucha contra el crimen organizado.

La calma regresa lentamente, como la marea que recupera la playa después de la tormenta. Reconstruir la confianza llevará tiempo, pero el gobierno de Chiapas se mantiene firme en su compromiso de garantizar la seguridad y evitar que la violencia vuelva a asolar estas comunidades. La esperanza, finalmente, ha echado raíces.