La sombra de la impunidad se cierne sobre Tabasco, y las preguntas sin respuesta retumban en los pasillos del poder. La diputada María Elena Pérez Jaén, con la valentía que exige la justicia, ha alzado la voz para exigir la comparecencia del general Audomaro Martínez Zapata, ex director del Centro Nacional de Inteligencia. El fantasma de "La Barredora" y su líder, Hernán Bermúdez, se agiganta con cada día que pasa sin una explicación clara y contundente. ¿Qué sabía el general Martínez Zapata? ¿Qué hizo, o qué dejó de hacer, frente a la información que llegaba a su escritorio, clasificada como secreta y proveniente de las más altas esferas de seguridad?

La coincidencia temporal entre la supuesta inacción y el periodo en que Adán Augusto López Hernández gobernó Tabasco, y posteriormente ocupó la Secretaría de Gobernación, añade una capa adicional de intriga a este oscuro panorama. Las sospechas, como enredaderas, se extienden y generan un clima de desconfianza que corroe las bases de nuestras instituciones. ¿Existieron acaso instrucciones superiores que ataron las manos del general Martínez Zapata? ¿Fue la influencia política la que silenció los informes de inteligencia, impidiendo que llegaran a la Fiscalía General de la República?

La diputada Pérez Jaén no se conforma con evasivas. Su insistencia en la comparecencia de Martínez Zapata, aunque ya no ocupe un cargo público, demuestra la firme determinación de llegar al fondo de este asunto. La Cámara de Diputados tiene la facultad, y la obligación moral, de exigir respuestas. No se trata de una cacería de brujas, sino de la búsqueda de la verdad, un derecho fundamental de todos los mexicanos. La transparencia es el antídoto contra la corrupción y la impunidad.

La inoperancia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, un organismo crucial para la supervisión y el control en materia de seguridad, agrava aún más la situación. La diputada Pérez Jaén señala directamente a Ricardo Monreal Ávila y al propio Adán Augusto López Hernández por la falta de voluntad política para instalar dicha comisión. ¿A qué intereses obedece esta inexplicable demora? ¿Qué se esconde tras este vacío de poder? Mientras tanto, el crimen organizado continúa operando, infiltrándose en las instituciones y extendiendo sus tentáculos por todo el país.

El punto de acuerdo presentado por la diputada, exhortando a López Hernández a solicitar licencia para colaborar con las investigaciones, es un paso fundamental en la búsqueda de la justicia. La presunción de inocencia es un derecho inviolable, pero también lo es el derecho de la sociedad a conocer la verdad. La colaboración plena con las autoridades es la mejor manera de disipar las dudas y restablecer la confianza en nuestras instituciones. El futuro de Tabasco, y del país entero, depende de la firmeza con la que enfrentemos la corrupción y la impunidad. No podemos permitir que las sombras del poder oculten la verdad. La justicia exige respuestas, y la sociedad las espera.