La verdadera encrucijada de la reforma electoral no reside en la mecánica del voto, sino en la esencia misma de la representación. Nos encontramos en un momento crucial donde la ciudadanía exige una transformación profunda del sistema político, un cambio que vaya más allá de la simple elección de un modelo electoral, ya sea mayoritario, proporcional o mixto. El debate no debe centrarse en la técnica, en las listas abiertas o cerradas, en el "first past the post" o el "instant runoff", sino en cómo logramos que nuestros representantes realmente nos representen.

Desde 1977, hemos transitado por un modelo que, si bien estableció instituciones y reglas, ha quedado rezagado ante la evolución de la sociedad mexicana. El 2018 marcó un hito, un cambio de paradigma que exige una reconfiguración del sistema. No se trata de un simple ajuste, sino de una reconstrucción que atienda la creciente desconfianza en los partidos políticos. La ciudadanía ya no se conforma con depositar un voto cada cierto tiempo. Demanda participación real, influencia en las decisiones que afectan su vida cotidiana.

La insatisfacción es palpable, y se alimenta de la percepción, cada vez más extendida, de que los partidos políticos responden a intereses ajenos a los de la población. Esta desconexión es la verdadera crisis que debemos afrontar. De nada sirve perfeccionar el mecanismo si el engranaje sigue girando en vacío, si quienes ocupan los escaños no son el reflejo de la voluntad popular.

La reforma debe trascender la discusión técnica y adentrarse en el terreno de la ética política. ¿Cómo garantizar la rendición de cuentas? ¿Cómo promover la participación ciudadana más allá del sufragio? ¿Cómo construir un sistema donde la voz del pueblo sea escuchada y tenida en cuenta? Estas son las preguntas que deben guiar el debate.

El riesgo que corremos es quedarnos enfrascados en discusiones bizantinas sobre sistemas electorales, mientras el problema de fondo, la crisis de representación, sigue sin resolverse. Las élites políticas, aferradas a sus privilegios, intentarán desviar la atención hacia aspectos técnicos, con el fin de mantener el status quo. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos, exigir que el debate se centre en lo esencial: la construcción de una democracia real y representativa.

La formación cívica y el diálogo informado son fundamentales en este proceso. Debemos exigir a nuestros representantes que promuevan espacios de deliberación y que escuchen las demandas de la ciudadanía. La reforma electoral no puede ser un asunto de expertos o políticos, sino un ejercicio colectivo de construcción democrática. El futuro de nuestro país depende de ello. No nos conformemos con remiendos superficiales. Exijamos una transformación profunda que nos permita construir una sociedad más justa, equitativa y representativa.