La sombra del autoritarismo se cierne con creciente intensidad sobre el panorama político estadounidense. El estilo de gobierno del presidente Trump, marcado por una presión implacable contra sus adversarios, ha trascendido la mera estrategia de negociación para convertirse en una forma de ejercer el poder que alarma a muchos. No se trata solo de la retórica incendiaria que caracteriza sus discursos, sino de acciones concretas que socavan las instituciones democráticas y los principios fundamentales del estado de derecho.

Desde los despidos fulminantes de funcionarios que se atreven a contradecir su narrativa, como el caso de Erica McEntarfer, hasta la manipulación de datos cruciales para la economía del país, como las cifras de empleo, las evidencias de un comportamiento autoritario son abrumadoras. La designación de un nuevo funcionario que propuso suspender la publicación de datos mensuales sobre el empleo, un indicador económico fundamental, es una muestra más del desprecio por la transparencia y la información veraz que caracteriza a esta administración.

La instrumentalización del miedo y la xenofobia se ha convertido en una herramienta política recurrente. La propuesta de permitir a la policía detener a personas por el simple hecho de hablar español o "parecer latino" bajo la sospecha de ser indocumentados, es una aberración jurídica que atenta contra los derechos humanos más básicos. Esta peligrosa deriva hacia un estado policial, donde la apariencia física se convierte en motivo de sospecha y persecución, evoca los episodios más oscuros de la historia.

La creación del centro de detención "Alcatraz de los caimanes" en Florida, con denuncias de abusos y maltratos, es un ejemplo palpable de cómo la retórica antiinmigrante se traduce en políticas concretas que vulneran la dignidad humana. Este tipo de medidas, lejos de solucionar el complejo problema de la inmigración, alimentan el odio y la discriminación, creando un clima de miedo e inseguridad para las comunidades más vulnerables.

La doble moral que rige la política exterior del gobierno de Trump queda en evidencia en el informe anual sobre derechos humanos. Mientras se critica duramente a países considerados adversarios, como Brasil y Sudáfrica, se minimizan las violaciones a los derechos humanos en países aliados como El Salvador e Israel. Esta selectividad a la hora de condenar las violaciones a los derechos humanos demuestra que los criterios utilizados son políticos y no se basan en principios universales.

La tendencia del presidente Trump a gobernar basándose en sus propios datos y las opiniones de sus simpatizantes, ignorando la evidencia científica y el consenso de expertos, es profundamente preocupante. Esta actitud no solo pone en riesgo la salud pública y la seguridad nacional, sino que erosiona la confianza en las instituciones y la credibilidad del gobierno. El futuro de la democracia estadounidense depende de la capacidad de la sociedad civil para resistir estos embates autoritarios y defender los valores que han hecho de este país un referente de libertad y justicia en el mundo. El tiempo apremia y la defensa de los principios democráticos es una tarea urgente e inaplazable.