La opulencia en la que se regodea Nicolás Maduro contrasta brutalmente con la miseria que azota al pueblo venezolano. Mientras el salario mínimo apenas roza los 11.73 dólares mensuales, una cifra que condena a la mayoría de los venezolanos a una vida de precariedad, el mandatario acumula una fortuna estimada en mil 215 millones de dólares. Una diferencia abismal que representa 300 años de trabajo para un ciudadano común. Resulta irónico, por no decir indignante, que quien se autoproclama defensor de la izquierda y abanderado de la revolución bolivariana, exhiba un estilo de vida propio de un magnate, con mansiones en Punta Cana, jets privados, caballerizas, joyas deslumbrantes y cenas en restaurantes de lujo donde una sola cuenta puede superar los siete mil dólares. Su ostentoso reloj de 35 mil dólares, un insulto a la pobreza que impera en su país, simboliza la desconexión entre el discurso político y la realidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en una acción que busca desmantelar la red de corrupción tejida alrededor del régimen, ha incautado bienes por más de 700 millones de dólares, incluyendo casas, aviones y vehículos de alta gama. Sobre Maduro pesa la grave acusación de narcoterrorismo, con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por su captura. Un contraste que lo distingue, al menos por ahora, de la figura del ex presidente mexicano, quien a pesar de su estilo de vida cuestionable, no enfrenta cargos de tal magnitud.

La situación en Guanajuato, bajo la administración de la panista Libia Dennise García, continúa siendo alarmante. Las cifras de homicidios dolosos, con mil 761 casos registrados entre enero y julio, colocan al estado en el primer lugar a nivel nacional, representando un 11.69% del total. La inseguridad que se respira en León, la capital gobernada por Alejandra Gutiérrez, es palpable. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que un 80.3% de los habitantes mayores de 18 años perciben su ciudad como un lugar inseguro. Esta percepción generalizada de miedo e incertidumbre exige una respuesta contundente por parte de las autoridades, que deben implementar estrategias efectivas para combatir la violencia y devolver la tranquilidad a los ciudadanos. No basta con discursos y promesas, se necesitan acciones concretas que se traduzcan en resultados tangibles.

En la Ciudad de México, la gestión de seguridad del secretario Omar García Harfuch ha resultado en la detención de más de 29 mil personas por diversos delitos en los primeros ocho meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta cifra representa un 30.77% del total de 94 mil 240 detenciones realizadas durante todo el sexenio anterior. Si bien las cifras pueden interpretarse como un indicador de la eficacia de las estrategias implementadas, es fundamental analizar la calidad de estas detenciones, el debido proceso y la posterior judicialización de los casos. La lucha contra la delincuencia no se limita a la captura de presuntos responsables, sino que requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la criminalidad y garantice el respeto a los derechos humanos.