La sombra de Chilchota Alimentos se extiende mucho más allá de los anaqueles de queso que llenan los supermercados. La historia de la familia Herrera Ale, fundadores de este imperio lácteo, es un intrincado tapiz tejido con hilos de éxito empresarial, poder político y, según diversas fuentes, turbios manejos que rozan con la ilegalidad. Desde su origen en Gómez Palacio, Durango, en 1976, bajo el mando de Carlos Antonio Herrera Araluce, la empresa se ha convertido en un símbolo de la región, pero también en un foco de controversia.

El fallecimiento del patriarca en 2016 no significó el ocaso de su influencia. Al contrario, el legado pasó a manos de sus hijos: Leticia, Carlos Manuel y Ernesto (fallecido en 2022). Leticia, actual alcaldesa de Gómez Palacio, ha construido una sólida carrera política como diputada local, federal, senadora y tres veces presidenta municipal, consolidándose como una figura clave en el panorama político regional. Su regreso a la alcaldía en 2022 ha estado marcado por la adjudicación de contratos públicos que han levantado sospechas, como el arrendamiento millonario de camiones pipa y otros vehículos pesados. Estos acuerdos, que superan los 20 millones de pesos, han generado interrogantes sobre su transparencia y justificación.

La trama se complica aún más con la aparición de Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna S.A. de C.V. (Coprolac), una empresa vinculada al entorno familiar de los Herrera Ale y que figura en los registros de Liconsa y Segalmex, instituciones marcadas por escándalos de corrupción. Contratos millonarios para la transformación de leche líquida en polvo durante el periodo 2019-2021, coincidente con la época de mayor corrupción documentada en dichas instituciones, han puesto a Coprolac en el punto de mira. La Auditoría Superior de la Federación ha detectado un presunto daño al erario por más de 200 millones de pesos, relacionado con pagos sin comprobar y servicios no acreditados. A esto se suman investigaciones sobre un posible soborno relacionado con la venta de una propiedad en Texas, lo que añade otra capa de opacidad a la historia.

Las sombras del pasado también alcanzan a la familia Herrera. En los años 80, Carlos Herrera Araluce fue señalado como colaborador de Jaime Herrera, “El rey de la heroína”. Reportes de prensa y fuentes policiales vinculan a su hijo Ernesto con el refugio del sicario “El Chaky” y con redes de protección al Cártel de Juárez. Un incidente en 2002, que involucró a Carlos Manuel Herrera Ale y al capo Juan José Esparragoza “El Azul”, expuso públicamente la relación entre la familia y el mundo del narcotráfico. Una supuesta deuda de juego en un palenque desató amenazas y violencia, dejando al descubierto la fragilidad de los límites entre el poder económico y el crimen organizado.

Mientras la familia Herrera Ale se mueve en las altas esferas del poder político y empresarial, las denuncias y sospechas continúan acumulándose. La lupa de la justicia, tanto a nivel nacional como internacional, se posa sobre ellos. En un contexto donde la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se intensifica, la historia de Chilchota Alimentos se convierte en un caso paradigmático de los desafíos que enfrenta México. ¿Podrá la justicia desentrañar la compleja red de poder que rodea a esta familia? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.

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El transporte privado a través de plataformas digitales, un servicio que parecía revolucionario, ha revelado una cara oscura. La investigación de Emily Steel en el New York Times expuso la alarmante cifra de 400 mil agresiones reportadas en Uber entre 2017 y 2022, solo en Estados Unidos. La respuesta de la empresa, minimizando la gravedad de las denuncias y sugiriendo posibles fraudes, es preocupante, especialmente considerando su posición dominante en el mercado.

En México, las historias de terror de usuarias de Uber se multiplican. Operadores que no coinciden con la aplicación, desvíos de ruta, agresiones verbales y físicas… un sinfín de delitos que a menudo quedan impunes, ocultos tras las políticas de la empresa. Mientras las autoridades de la CDMX se enfocan en la problemática de Airbnb y la gentrificación, la situación de Uber demanda atención urgente. La falta de seguridad social para los conductores, la ausencia de protocolos de denuncia efectivos y la precariedad laboral son factores que contribuyen a la inseguridad. La propuesta de implementar medidas como biométricos y cámaras de seguridad, vinculadas a la SSCCDMX, es un paso en la dirección correcta, pero se necesita una regulación más robusta que garantice la seguridad de los usuarios y la responsabilidad de la empresa. Las millonarias ganancias de Uber no pueden justificar la precariedad laboral y la falta de seguridad que caracterizan su operación.

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El puerto de Lázaro Cárdenas celebra 18 años de crecimiento y modernización. La llegada del buque Zhen Huan 18 en 2006 marcó un hito, inaugurando una nueva era en la operación portuaria con la incorporación de grúas Súper Post Panamax y RTG. Desde entonces, Hutchison Ports LCT ha experimentado una expansión sostenida, alcanzando récords en la operación de TEUs. Bajo la dirección de Jorge Magno Lecona Ruiz, la terminal continúa su expansión con la Fase III, que añadirá nuevas hectáreas y metros de muelle, consolidando su posición como un motor del comercio exterior. Además, la empresa se compromete con la sostenibilidad, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Un ejemplo de cómo el crecimiento económico puede ir de la mano con la responsabilidad ambiental.

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La defensa del magistrado Felipe de la Mata Pizaña del acuerdo de alternancia del INE en la elección de magistraturas judiciales es un llamado a la coherencia institucional y al respeto por la legalidad. Su argumento se centra en la certeza jurídica: las reglas del juego se establecen antes, no después de la contienda. Cambiar las reglas una vez concluido el proceso, a pesar de que la paridad de género se superó ampliamente, habría sido un precedente peligroso. El regreso de De la Mata a la docencia en la UNAM, bajo la rectoría de Leonardo Lomelí Vanegas, es una oportunidad para que su experiencia en el TEPJF enriquezca la formación de las futuras generaciones de juristas.

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El cierre de Plaza Mitikah tras el desplome de un elevador es un recordatorio de la importancia de la seguridad en las infraestructuras públicas. Mientras las autoridades investigan las causas del accidente, surge una inquietante pregunta: ¿cuáles son las verdaderas prioridades de los propietarios del complejo, la familia El-Mann, dueña de Fibra Uno? Filtraciones sugieren que su principal preocupación se centra en mejorar la imagen de Israel tras el conflicto en Gaza, promoviendo visitas al país y difundiendo una versión alternativa de los hechos. Si estas informaciones se confirman, la imagen de Fibra Uno se vería seriamente afectada. Priorizar una agenda política por encima de la seguridad de los usuarios de sus instalaciones sería un acto de irresponsabilidad inaceptable. La investigación deberá determinar si la seguridad de las personas en Plaza Mitikah fue relegada a un segundo plano en favor de intereses particulares.