La reciente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre las denuncias de invalidez de candidatos ganadores en la elección del Poder Judicial ha generado un intenso debate jurídico y político. Si bien la mayoría de los magistrados desestimó las denuncias por falta de pruebas contundentes o por extemporaneidad, la postura del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón abre una importante línea de discusión sobre la profundidad con la que se deben analizar este tipo de acusaciones, especialmente cuando se refieren a posibles irregularidades que podrían afectar la integridad del proceso electoral.

Rodríguez Mondragón cuestiona la decisión de declarar inoperantes las denuncias relacionadas con el uso de guías de votación, argumentando que la Sala Superior, como máximo órgano jurisdiccional en la materia, tiene la responsabilidad de realizar un análisis más exhaustivo, incluso solicitando información adicional para evaluar cabalmente la situación. Su preocupación radica en la posibilidad de que estos "acordeones", como se les conoce coloquialmente, puedan influir en la libertad del voto y la equidad de la contienda, principios fundamentales de nuestro sistema democrático. Esta postura invita a la reflexión sobre la importancia de no minimizar ningún indicio de irregularidad, por más pequeño que parezca, y de agotar todas las instancias de investigación para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales.

La solicitud a la magistrada Janine Otálora Malassis al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investigue la posible inducción al voto derivada de la distribución de estos "acordeones" refuerza la necesidad de una mayor vigilancia y escrutinio en este tipo de prácticas. ¿Se trata de simples ayudas para el elector o de una estrategia para direccionar el voto hacia ciertos candidatos? Esta pregunta debe ser respondida con la mayor diligencia y objetividad posible, para asegurar la confianza ciudadana en la imparcialidad de las elecciones.

Por otro lado, la ratificación de los resultados y la asignación de cargos en la elección judicial con base en la paridad de género, también resuelta por la Sala Superior, demuestra el compromiso con la igualdad de oportunidades y la representatividad de las mujeres en el Poder Judicial. Si bien se presentaron diversos juicios cuestionando la aplicación de la paridad, la decisión final confirma la importancia de este principio en la construcción de un sistema judicial más justo e igualitario.

Los diferentes casos analizados por la Sala Superior, desde Coahuila hasta Veracruz, pasando por Nuevo León y la Ciudad de México, ilustran la complejidad de aplicar la paridad de género en la práctica. Las discusiones sobre la alternancia, los ajustes horizontales y la asignación de cargos demuestran la necesidad de contar con mecanismos claros y transparentes que garanticen el cumplimiento de este principio sin perjudicar los derechos de ningún candidato. La resolución de estos casos sentará un precedente importante para futuras elecciones y contribuirá a consolidar la paridad de género como un elemento esencial de nuestra democracia.

En conclusión, las recientes decisiones de la Sala Superior del TEPJF nos invitan a reflexionar sobre la importancia de fortalecer nuestras instituciones electorales, garantizando la transparencia, la imparcialidad y el respeto a los principios democráticos. Tanto la investigación de posibles irregularidades como la aplicación de la paridad de género son elementos clave para construir un sistema electoral sólido y confiable, que refleje la voluntad ciudadana y promueva la igualdad de oportunidades para todos.