La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia marca un hito en la historia de México. No solo por ser la primera mujer en ocupar el cargo, sino también por la contundencia del mandato popular que la respalda. 35 millones de votos no son una simple cifra, son un clamor por el cambio, una exigencia de transformación que resuena en cada rincón del país. Este respaldo popular le otorga una legitimidad inusitada, una fuerza moral que la impulsa a emprender reformas de gran calado, como la tan esperada y necesaria reforma electoral.

A diferencia de reformas anteriores, motivadas por crisis y escándalos que pusieron en jaque la credibilidad del sistema, la propuesta de Sheinbaum se presenta como una respuesta proactiva, un ejercicio de prospectiva política que busca blindar el futuro democrático del país. No se trata de apagar incendios, sino de construir un sistema más sólido, más justo y más representativo. Se busca corregir las deficiencias estructurales que, con el paso del tiempo, se han enquistado en el sistema electoral, obstaculizando la plena expresión de la voluntad popular.

La conformación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con figuras de la talla de Pablo Gómez Álvarez, Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, refleja la seriedad y el compromiso con el que se aborda este proceso. La inclusión de voces expertas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, garantiza un debate plural y enriquecedor, alejado de los intereses partidistas y las visiones cortoplacistas. Este enfoque inclusivo es fundamental para construir un consenso amplio y duradero alrededor de las reformas.

El anteproyecto de reforma no se limita a ajustes cosméticos, sino que propone una reingeniería del sistema, fortaleciendo el principio de equidad en la contienda electoral y adoptando estándares internacionales en materia de control del gasto y representación legislativa. Experiencias en otras democracias consolidadas demuestran que estas medidas no solo reducen los costos de las elecciones, sino que también incrementan la confianza ciudadana en el proceso.

Es natural que quienes se beneficiaron del sistema anterior, quienes durante décadas tejieron una red de privilegios a su alrededor, se resistan a estos cambios. Sus argumentos, envueltos en un discurso de defensa de la democracia, esconden un temor profundo a perder las ventajas que les permitían controlar el juego político. Sin embargo, la verdadera defensa de la democracia radica en la constante evolución y perfeccionamiento de sus instituciones, adaptándolas a las nuevas realidades y a las demandas ciudadanas.

Esta reforma no es un capricho, ni una estrategia política para debilitar a la oposición. Es una apuesta por el futuro de México, una inversión en la solidez de sus instituciones democráticas. Es un paso fundamental para garantizar que el poder resida en el pueblo, y que las reglas del juego sean justas y transparentes para todos. La modernización del sistema electoral no solo es necesaria, es impostergable. Es el momento de construir un México donde el voto ciudadano sea la única fuente de legitimidad política.