Un cambio de timón sin precedentes se avecina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este 1 de septiembre no será una fecha más en el calendario jurídico mexicano, sino el inicio de una nueva era marcada por la renovación casi total de su composición. La llegada de los nuevos ministros, elegidos por voto popular, inyecta una dosis inédita de expectativa y, al mismo tiempo, de responsabilidad sobre los hombros de quienes jurarán defender la Constitución. La integración, con cinco mujeres y cuatro hombres, refleja un cambio no solo numérico sino también cualitativo en la representación dentro del máximo tribunal del país.

La reducción del pleno a nueve integrantes, producto de la reciente Reforma Judicial, plantea interrogantes cruciales. ¿Agilizará los procesos? ¿Fortalecerá la independencia judicial o, por el contrario, la pondrá en riesgo? La eliminación de las salas, otro elemento disruptivo de la reforma, añade una capa adicional de complejidad al análisis. ¿Cómo impactará en la especialización de los ministros y en la calidad de las resoluciones? Estas son preguntas que resuenan con fuerza en los pasillos del poder judicial y en la sociedad civil.

El Plan de Trabajo que ya circula, con su enfoque en la redistribución de asuntos y el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos, se presenta como la hoja de ruta para navegar en estas aguas desconocidas. El objetivo declarado es claro: evitar el atasco judicial que ha lastrado históricamente a la Corte, con miles de expedientes esperando resolución. Sin embargo, la eficacia del plan dependerá no solo de su diseño, sino también, y crucialmente, de la capacidad de gestión del nuevo Órgano de Administración Judicial y de la solidez de sus perfiles técnicos. La promesa de transparencia y prontitud no puede quedarse en mera retórica.

La sombra del rezago, con más de 14 mil expedientes acumulados en algunos periodos y 8 mil 517 nuevos ingresos solo en 2023, planea sobre la nueva Corte. La eficiencia en la gestión de asuntos fiscales y penales, identificados como los principales cuellos de botella, será una prueba de fuego para la nueva integración. El reto es mayúsculo, y la presión es alta, especialmente en un contexto de tensiones entre poderes y un debate candente sobre la independencia judicial.

Las palabras de la ministra Margarita Ríos Farjat, al alertar sobre los riesgos que cualquier cambio puede representar para la independencia judicial, resuenan con especial fuerza en este momento de transición. La legitimidad de la nueva Corte no se decretará, sino que se ganará día a día, resolución a resolución. Su capacidad para actuar como un contrapeso firme, garantizar una justicia pronta, completa e imparcial, como manda el artículo 94 constitucional, será la medida de su éxito. El 1 de septiembre se abre un nuevo capítulo en la historia de la justicia mexicana. El veredicto final, sin embargo, lo escribirá el tiempo.