La violencia contra la infancia, una lacra que se extiende como una sombra oscura sobre nuestra sociedad, se ceba especialmente con los más vulnerables, aquellos marcados por la pobreza y la marginación. No se limita a golpes y abusos, sino que se manifiesta en un abanico aterrador de formas: desde la negligencia y el abandono, hasta la exposición a la violencia armada y la conflictividad social, dejando profundas cicatrices en la salud mental y el desarrollo cerebral de quienes la sufren. Estas heridas, a menudo invisibles, se traducen en conductas de riesgo en la edad adulta, perpetuando un ciclo de violencia que parece no tener fin.

En América Latina y el Caribe, la situación es particularmente alarmante. La violencia armada, el maltrato físico y el abuso sexual son moneda corriente, y México, lamentablemente, se ubica en los puestos más altos de esta trágica estadística. Si bien la violencia familiar siempre ha existido, el crimen organizado ha introducido una nueva y perturbadora variable en la ecuación. La desintegración de las estructuras criminales y la caída de sus líderes han generado un vacío de poder que se llena con una violencia indiscriminada, alcanzando incluso a los más inocentes.

Los recientes casos de dos menores asesinados en el Estado de México han conmocionado al país. Un niño de cinco años, víctima de una brutal golpiza por una supuesta deuda de mil pesos, y una niña de doce años, ejecutada a balazos en su propia casa por las deudas de sus familiares con narcomenudistas. Estos crímenes, que han despertado la indignación colectiva, nos obligan a confrontar una realidad dolorosa: los niños, antes considerados intocables incluso en los círculos criminales, se han convertido en moneda de cambio, en víctimas propiciatorias de una violencia desatada. El clamor popular, que recuerda los antiguos códigos de respeto – "los niños no se tocan", "con la familia no se meten" –, refleja la profunda consternación ante la ruptura de un límite moral fundamental.

Cobrar deudas con la sangre de los niños es una aberración que exige una respuesta contundente. No podemos conformarnos con esperar a que la anhelada igualdad social y la distribución de la riqueza resuelvan mágicamente el problema. Necesitamos actuar ahora, con medidas concretas y urgentes.

Las cifras son escalofriantes: se estima que entre 35,000 y 45,000 menores han sido reclutados y explotados por el crimen organizado en las últimas dos décadas. Miles más se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, expuestos a la violencia y la manipulación. Es imperativo que destinemos recursos y esfuerzos a la creación de entornos seguros para la infancia. La integración familiar, la educación comunitaria y la atención especializada a las víctimas son pilares fundamentales en esta lucha.

No podemos permitir que la infancia siga siendo víctima de la violencia. Es nuestra responsabilidad, como sociedad y como Estado, proteger a nuestros niños y niñas, garantizar su seguridad y su bienestar, y brindarles la oportunidad de un futuro libre de violencia y lleno de esperanza. La inversión en la infancia no es un gasto, es una inversión en el futuro de nuestro país.