En las costas de Oaxaca, bajo la sombra de palmeras y el ritmo constante de las olas, se esconde una realidad perturbadora. Un presunto caso de matrimonio infantil forzado ha sacudido a la comunidad de Bajos de Chila, en San Pedro Mixtepec, encendiendo las alarmas de las autoridades y poniendo en el centro del debate la persistencia de prácticas ancestrales que vulneran los derechos de las niñas. La noticia, como una piedra lanzada a un estanque tranquilo, ha generado ondas expansivas de indignación y preocupación, obligándonos a confrontar una tradición que se resiste a desaparecer.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) de Oaxaca ha tomado la delantera en la investigación, trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía del Estado y la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta alianza interinstitucional busca no solo esclarecer los hechos con la celeridad que el caso amerita, sino también garantizar la protección de la menor de 12 años presuntamente involucrada en esta unión. La diligencia y la perspectiva de derechos de la niñez son los ejes que guían esta investigación, priorizando el bienestar de la adolescente por encima de cualquier otra consideración.

La sombra del sistema de usos y costumbres se cierne sobre este caso, un sistema que, si bien forma parte de la rica trama cultural de Oaxaca, también puede ser utilizado para justificar prácticas que atentan contra los derechos humanos. La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, a cargo de Margarita Guzmán Corsi, ha sido enfática en su rechazo a este tipo de uniones, reafirmando la ilegalidad del matrimonio infantil en México y la gravedad de sus consecuencias. No se trata de un simple acto tradicional, sino de una violación flagrante a los derechos fundamentales de las niñas, un acto que trunca sus sueños, limita sus oportunidades y las expone a un futuro incierto lleno de peligros.

La unión forzada de una niña con un adulto no es solo una tragedia individual, sino un reflejo de las profundas desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad. Representa la vulnerabilidad de las niñas en contextos donde sus voces son silenciadas y sus derechos ignorados. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la educación, la sensibilización y la aplicación efectiva de la ley para erradicar estas prácticas nocivas. La protección de la infancia no puede ser negociable, es un imperativo moral y una responsabilidad colectiva.

El camino hacia la erradicación del matrimonio infantil es largo y complejo, pero cada paso que damos en la dirección correcta es una victoria. La investigación en curso es un paso crucial, un mensaje claro de que las autoridades están comprometidas con la protección de las niñas y con la construcción de un futuro donde sus derechos sean plenamente respetados. La esperanza reside en que este caso sirva como un catalizador para el cambio, un llamado a la acción para que la sociedad en su conjunto se una en la lucha contra esta práctica aberrante. El futuro de las niñas de Oaxaca, y de todo México, depende de ello.