La incongruencia entre el discurso y la práctica política es un tema recurrente en la historia de México. El caso de la austeridad republicana, bandera del actual gobierno, parece ser un ejemplo más de esta disonancia. Si bien la premisa inicial de un gobierno austero, enfocado en la atención de las necesidades básicas de la población, resonó con fuerza en un país marcado por la desigualdad, la realidad ha mostrado una serie de contradicciones que desdibujan la promesa inicial.

La austeridad, entendida como la administración eficiente y responsable de los recursos públicos, es sin duda un principio deseable en cualquier gobierno. Implica evitar gastos superfluos, priorizar las inversiones sociales y transparentar el uso del dinero de los contribuyentes. Sin embargo, la austeridad no puede ser un simple discurso, una herramienta de marketing político para ganar simpatías. Debe traducirse en acciones concretas, en un cambio real en la forma de gobernar.

En el caso de México, hemos visto cómo el discurso de la austeridad ha chocado con la realidad de los hechos. Los ejemplos de lujos y excesos por parte de funcionarios y familiares, las contradicciones entre el estilo de vida personal y la prédica pública, generan una profunda desconfianza en la ciudadanía. La pregunta que surge es: ¿Austeridad para quién? ¿Se aplica este principio a todos por igual, o existen excepciones para la élite política?

La defensa que se esgrime a menudo, diferenciando entre gastos con recursos públicos y privados, resulta insuficiente. Si bien es cierto que el uso indebido del erario es un acto de corrupción que debe ser sancionado, la austeridad como principio ético va más allá. Implica una congruencia entre el discurso y la práctica, un compromiso real con la austeridad en todos los ámbitos de la vida.

La acumulación de riqueza inexplicable por parte de figuras públicas, especialmente en un país con altos índices de pobreza, genera indignación y cuestionamientos. La movilidad social ascendente es un objetivo loable, pero debe ser producto del esfuerzo, del trabajo honesto, no del acceso privilegiado a recursos o influencias.

El debate sobre la austeridad no se limita al origen de los recursos, sino a la ética y la responsabilidad que conlleva el servicio público. La ciudadanía exige congruencia, transparencia y un compromiso genuino con el bienestar de la población. La austeridad no puede ser un mero discurso electoral, debe ser un principio rector de la acción política. Un principio que se refleje en la vida cotidiana de quienes gobiernan, no solo en sus declaraciones públicas. De lo contrario, se corre el riesgo de que la austeridad se convierta en una palabra vacía, desprovista de significado y credibilidad. La verdadera austeridad implica una transformación profunda, un cambio de mentalidad que priorice el bien común sobre los intereses particulares. Y ese cambio, debe empezar por quienes ostentan el poder.