La industria del calzado mexicano respira aliviada. Tras años de lucha contra la competencia desleal, el anuncio del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desde el corazón zapatero del país, Guanajuato, ha inyectado una dosis de esperanza en el sector. La prohibición de la importación temporal de calzado bajo el programa IMMEX, acompañada de un arancel mínimo del 25% para todo calzado importado sin acuerdos comerciales, marca un antes y un después en la historia de esta industria. El mensaje es claro y contundente: "Ya basta". Se acabó la era de la entrada indiscriminada de productos que evaden impuestos y ahogan la producción nacional. La nueva política busca nivelar el terreno de juego, obligando a los importadores a cumplir con sus obligaciones fiscales y permitiendo que el calzado mexicano compita en igualdad de condiciones.

El impacto de esta medida va mucho más allá de la simple protección de un sector económico. Se trata de salvaguardar el sustento de miles de familias mexicanas. Recordemos que la industria del calzado genera al menos 130 mil empleos directos, empleos que se han visto amenazados por la caída del 12.8% en la actividad del sector entre 2019 y 2024, principalmente debido al abuso del programa IMMEX para evadir el pago del IVA. Con esta decisión, el gobierno federal no solo protege a la industria, sino también a las comunidades que dependen de ella, asegurando su presente y apostando por un futuro más próspero.

La pregunta que lanza el Secretario Ebrard resuena con fuerza: "¿Si no podemos proteger el calzado, qué nos espera con el acero, la electrónica o el mueble?". Esta medida sienta un precedente crucial, demostrando la firmeza del gobierno en la defensa de la producción nacional. El Plan México se materializa en acciones concretas, priorizando el desarrollo interno y la generación de empleos dignos para los mexicanos. No se trata de un simple acto de proteccionismo, sino de una estrategia integral para fortalecer la economía del país y asegurar su soberanía en sectores clave.

La reacción de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical) no se ha hecho esperar. Su presidente, Juan Carlos Cashat Usabiaga, ha calificado la decisión como "noble y justa", un paso fundamental para combatir las prácticas que dañan la industria y ponen en riesgo el futuro de miles de trabajadores. El sector celebra este triunfo, consciente de que representa un paso crucial en la lucha por un mercado justo y equitativo.

La firma del convenio para la construcción del Polo de Bienestar "Puerta del Bajío" en Celaya, en el marco de este anuncio, añade un componente estratégico a la iniciativa. Este polo, que se suma a los proyectos de Chetumal y Zinapécuaro, impulsará sectores clave como el automotriz, agroindustrial, manufacturero y logístico, generando sinergias y creando un ecosistema propicio para el desarrollo económico de la región. Los incentivos fiscales que se ofrecerán en este polo atraerán inversiones y crearán nuevas oportunidades de empleo, consolidando el compromiso del gobierno con el crecimiento económico y el bienestar social.

La decisión de proteger la industria del calzado es una apuesta por México, por su gente y por su futuro. Es un mensaje claro de que el gobierno está dispuesto a tomar las medidas necesarias para defender la producción nacional, generar empleos y construir un país más fuerte y próspero. El camino no será fácil, pero la unión entre el gobierno, la industria y la sociedad permitirá superar los desafíos y alcanzar los objetivos planteados. El futuro del calzado mexicano se teje con hilos de esperanza y la confianza en un mañana mejor.