La transición en el Poder Judicial de la Federación se presenta como un escenario complejo, plagado de retos financieros que podrían poner en jaque la administración de justicia. Más allá de un simple traspaso de poderes, la situación actual se asemeja a una carrera contrarreloj para desactivar una bomba de tiempo presupuestal. La reforma, si bien ambiciosa en su diseño de nuevos órganos, dejó un vacío crucial: la planificación financiera del periodo de transición. Este descuido, que omitió considerar el manejo de recursos entre enero y agosto de 2025, ha generado un escenario de incertidumbre y potenciales dificultades para el nuevo Poder Judicial.

Imaginemos la situación: un nuevo equipo al mando, con la responsabilidad de impartir justicia, pero con las manos atadas por un presupuesto pre-aprobado y ajeno a su planeación. Heredan un déficit que amenaza las prestaciones laborales de los trabajadores, un escenario donde la falta de recursos básicos como papel y tóner se convierte en un obstáculo para el funcionamiento de los tribunales. Incluso, se rumora la posibilidad de problemas para cubrir servicios tan elementales como la energía eléctrica. ¿Cómo se puede garantizar una justicia pronta y expedita en estas condiciones?

La imagen que se proyecta no es la de una transición ordenada, sino la de un traspaso de problemas. Un legado de dificultades financieras que podría comprometer seriamente la operatividad del nuevo Poder Judicial. Se configura así un panorama de austeridad forzada, donde la escasez de recursos podría impactar directamente en la capacidad de respuesta del sistema judicial.

Ante este panorama desalentador, urge una intervención inmediata. No se trata simplemente de señalar las fallas del diseño de la reforma, sino de buscar soluciones que permitan al nuevo Poder Judicial arrancar con el pie derecho. La creación de un grupo de trabajo especializado en la revisión del estado financiero actual y del presupuesto proyectado para 2026 se presenta como una medida crucial. Este equipo, actuando como una especie de "auditoría de transición", podría identificar las áreas críticas y proponer ajustes que eviten un colapso financiero.

Es fundamental que este grupo de trabajo tenga acceso a toda la información relevante, tanto del presupuesto vigente como del proyecto para el próximo año. Su labor no se limitaría a un simple análisis de números, sino que debería incluir la elaboración de un diagnóstico preciso sobre la situación financiera real del Poder Judicial. Este diagnóstico serviría de base para la toma de decisiones estratégicas y para la implementación de medidas correctivas que permitan al nuevo Poder Judicial operar con eficiencia y transparencia.

La tarea no es sencilla. Requiere de un trabajo coordinado, de un compromiso real por parte de todas las instancias involucradas. Se trata de garantizar que la transición en el Poder Judicial no se convierta en un sinónimo de crisis, sino en una oportunidad para fortalecer la administración de justicia en México. El tiempo apremia y la necesidad de actuar es evidente. La justicia no puede esperar.