La sombra de la duda se cierne sobre nuestra justicia. No es un secreto, es una realidad palpable que corroe los cimientos de nuestra convivencia: la libertad de los culpables y el encarcelamiento de los inocentes. Casos emblemáticos, como el de Gloria Trevi, Paola Durante o Israel Vallarta, resuenan en la memoria colectiva como ejemplos de un sistema que a veces parece más interesado en el espectáculo que en la verdad. Pero más allá de los reflectores, en la penumbra de los juzgados, se tejen dramas silenciosos, historias de hombres y mujeres comunes, sin acceso a los medios, atrapados en las redes de una justicia lenta, desigual y a veces, ciega. Son los olvidados del sistema, aquellos cuyas voces se pierden en el laberinto burocrático, sin recursos para una defensa adecuada, sin la atención pública que pueda arrojar luz sobre sus casos. Sus historias, susurradas entre las paredes de las celdas, son un grito silencioso que clama por justicia.

Imaginen la angustia de quien pierde años de su vida tras las rejas por un crimen que no cometió, marcado por un estigma imborrable. Al mismo tiempo, la impunidad del culpable, liberado por tecnicismos o influencias, es una herida abierta en el tejido social. Este círculo vicioso alimenta la desconfianza. ¿Cómo creer en un sistema que falla con tanta frecuencia? ¿Cómo confiar en la palabra de la ley cuando vemos a inocentes condenados y culpables libres? La incertidumbre se convierte en la norma, la sospecha en la constante.

La falibilidad humana es inherente a cualquier sistema, pero la recurrencia de estos errores no es simple casualidad. Es el síntoma de un sistema judicial sobrecargado, asfixiado por la presión política, con investigaciones deficientes y jueces abrumados. La consecuencia es una profunda crisis de credibilidad. Ya no confiamos plenamente en la versión oficial, en el juicio oral, ni siquiera en la sentencia firme. La verdad jurídica se disocia de la verdad social, creando un abismo de desconfianza que amenaza con engullirnos.

Urge una reforma profunda, un cambio radical que priorice la investigación rigurosa, el debido proceso y la independencia judicial. Un sistema que no solo castigue al culpable, sino que también repare el daño causado al inocente, que ofrezca garantías reales de justicia y no meras promesas vacías. Necesitamos mecanismos de control y rendición de cuentas, para que los errores no queden impunes y la confianza en la justicia pueda restaurarse.

La justicia no es un juego, es el pilar fundamental de una sociedad justa y equitativa. Si no reparamos las fallas del sistema, la injusticia seguirá campando a sus anchas, corrompiendo la confianza y desgastando el tejido social. No podemos permitir que la incertidumbre y la frustración sean la norma. Es hora de exigir una justicia que esté a la altura de las circunstancias, una justicia que proteja al inocente y castigue al culpable, una justicia que nos permita vivir sin miedo y con la certeza de que la verdad, tarde o temprano, prevalecerá. Este es el desafío que tenemos por delante, un desafío que nos compete a todos.