La posibilidad de una intervención militar estadounidense en México, aunque improbable, ha generado una onda expansiva en la relación bilateral. La firme postura de la Presidenta Sheinbaum, calificando tal acción como una "invasión", refleja la complejidad del tema y las implicaciones que tendría para ambos países. Si bien existen precedentes de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos en otros contextos, como la lucha contra el terrorismo en Medio Oriente, la situación en México presenta matices cruciales que hacen de una intervención militar una opción altamente riesgosa.

El análisis de expertos, como la organización RANE y el medio Politico, apunta a que los obstáculos para una intervención son principalmente políticos y prácticos. La cooperación existente entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico y migración se vería gravemente comprometida. A pesar de la retórica pública, se presume que la comunicación y coordinación entre ambos gobiernos continúa a puerta cerrada, incluso con una dinámica posiblemente más fluida entre la administración Trump y la Presidenta Sheinbaum que con la anterior administración. Romper esta dinámica con una acción militar unilateral tendría consecuencias devastadoras para la cooperación bilateral en múltiples frentes.

Más allá de las implicaciones políticas, la efectividad de una intervención militar es cuestionable. La experiencia demuestra que la decapitación de los cárteles no resuelve el problema de raíz, sino que propicia la fragmentación y el surgimiento de nuevos grupos criminales. La demanda de drogas en Estados Unidos, un factor interno crucial, seguiría impulsando el narcotráfico, atrayendo a nuevos actores para llenar el vacío dejado por los cárteles desmantelados. Los laboratorios de drogas, por su naturaleza rudimentaria y fácil reubicación, también representan un objetivo poco estratégico para una intervención militar a gran escala.

La presión electoral sobre la administración Trump podría ser un factor que impulse la consideración de una acción militar, especialmente considerando el poder económico de Estados Unidos y la posibilidad de represalias comerciales contra México. Sin embargo, es crucial sopesar las consecuencias a largo plazo. Una intervención militar, lejos de solucionar el problema del narcotráfico, podría agravar la violencia, desestabilizar la región y fracturar la relación bilateral de manera irreparable.

La alternativa a una intervención militar reside en fortalecer la cooperación bilateral, abordar las causas internas del consumo de drogas en Estados Unidos y implementar estrategias conjuntas que ataquen las raíces del problema, como el lavado de dinero y el tráfico de armas. La solución no se encuentra en la fuerza bruta, sino en la inteligencia, la diplomacia y la colaboración estratégica entre ambos países. El futuro de la región depende de la capacidad de México y Estados Unidos para encontrar un camino conjunto que priorice la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, sin caer en la tentación de soluciones simplistas con consecuencias potencialmente catastróficas.