La sombra de la incertidumbre continúa extendiéndose sobre Romita, Guanajuato, a casi un año de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Daniela, Juan Pablo y Carlos. Un caso que ha conmocionado a la sociedad y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue clamando por justicia. La Procuradora de Derechos Humanos del Estado, Karla Alcaraz, en una reveladora entrevista concedida a Adriana Delgado en el programa "El Dedo en la Llaga" de Heraldo Radio, arrojó luz sobre las complejidades de la investigación y las recomendaciones emitidas por su dependencia.

Alcaraz, con la precisión que exige la gravedad del asunto, recapituló los trágicos eventos que tuvieron lugar en 2023, enfatizando la detención de los tres jóvenes por parte de la policía municipal de Romita, un hecho que precedió a su fatídico desenlace. La Procuradora remarcó la importancia de diferenciar las competencias en la investigación: mientras la Fiscalía de Guanajuato se encarga del proceso penal, la Procuraduría de Derechos Humanos se centra en garantizar que se respeten los derechos de las víctimas y sus familias. Un trabajo paralelo, pero esencial para esclarecer la verdad y exigir responsabilidades.

La titular de Derechos Humanos detalló los seis puntos clave que conforman las recomendaciones emitidas a la administración municipal, un documento que, según confirmó, ya ha sido aceptado por el presidente municipal, Pedro Tanamachi Reyes. Sin embargo, la aceptación viene acompañada de una solicitud de prórroga para su implementación, un detalle que genera inquietud y plantea la pregunta: ¿qué dificultades impiden la aplicación inmediata de estas medidas? ¿Se trata de falta de recursos, resistencia institucional o simplemente una estrategia dilatoria?

La aceptación de las recomendaciones, si bien es un paso importante, no puede ser el final del camino. Es fundamental que la sociedad civil se mantenga vigilante, exigiendo transparencia y celeridad en su implementación. La prórroga otorgada al municipio debe estar sujeta a un estricto seguimiento para garantizar que no se convierta en una forma de eludir la responsabilidad.

Las familias de Daniela, Juan Pablo y Carlos merecen justicia y la sociedad guanajuatense necesita respuestas. La impunidad no puede ser una opción. La Procuraduría de Derechos Humanos ha dado un paso al frente, pero es indispensable que las autoridades municipales y estatales asuman su responsabilidad y trabajen de manera conjunta para esclarecer este trágico caso y garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse. El tiempo corre y la exigencia de justicia sigue latente.