La tensión se palpa en el aire. Un sudor frío recorre las espaldas de varios personajes clave de la 4T. La razón: la lupa implacable de Estados Unidos, que escudriña con minuciosidad las actividades de decenas de narcopolíticos mexicanos. No se trata de simples rumores, sino de investigaciones sólidas, apuntaladas por testimonios, datos y evidencias aportadas por narcotraficantes mexicanos, que ahora reposan en manos de las autoridades norteamericanas. Gobernadores en activo, miembros del gabinete federal, personas del círculo íntimo de AMLO, legisladores e incluso alcaldes, conforman la lista de figuras bajo el escrutinio internacional.

Las señales, como un reguero de pólvora, apuntan en una dirección ineludible: el sexenio del expresidente López Obrador. Cada pieza del rompecabezas, cada declaración, cada movimiento, parece encajar en una narrativa inquietante. Recordemos las palabras, repetidas hasta la saciedad durante la campaña de Donald Trump, y amplificadas por figuras como Marco Rubio y JD Vance. A ellas se suman las recientes declaraciones de Pam Bondi, exfiscal General de Estados Unidos, sobre los supuestos nexos entre la dictadura venezolana y el Cártel de Sinaloa. Estas afirmaciones, lejos de ser casuales, coinciden con el aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y la designación del dictador venezolano como cabeza del "Tren de Aragua", un cártel del narcotráfico clasificado como organización terrorista extranjera en Estados Unidos.

La sombra de la sospecha se extiende también sobre la 4T, acusada de solapar al régimen venezolano. Y la coincidencia temporal con la designación de varios cárteles mexicanos, incluyendo el de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras, no hace sino alimentar las especulaciones. A esto se añade la colaboración de Joaquín y Ovidio Guzmán, hijos de “El Chapo”, con las agencias norteamericanas. Una colaboración que, sin duda, aporta información valiosa a las investigaciones en curso.

La prensa internacional tampoco ha permanecido ajena a estos acontecimientos. Influyentes diarios como The New York Times y The Wall Street Journal han publicado artículos que ponen en relieve la incómoda posición de la presidenta Sheinbaum y su administración en las negociaciones con el gobierno de Trump, ensombrecidas por los presuntos vínculos de AMLO y su círculo cercano, en particular, su secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Las listas de políticos de la 4T supuestamente investigados en Estados Unidos circulan con insistencia. Más allá de la veracidad de los nombres, la evidencia pública es abrumadora. Fuentes de alto nivel no descartan la gravedad de la situación. Una pieza clave en este intrincado puzzle es la supuesta orden firmada por Trump, que autorizaría la incursión militar contra los cárteles del narcotráfico en territorio extranjero. A esto se suma el sobrevuelo de drones, reportado por medios norteamericanos, que estarían realizando labores de inteligencia en México, y las declaraciones del jefe del Pentágono a Fox News: "estamos vigilando a los cárteles" y tomaremos acciones "en el momento oportuno". No hay espacio para las coincidencias. El rompecabezas se va completando.

Finalmente, la reciente extradición de 26 criminales mexicanos a Estados Unidos, la segunda tanda tras el envío previo de 29 individuos, plantea interrogantes cruciales. ¿Cuál es el motivo detrás de estas extradiciones? ¿Qué se ofrece a cambio? La incertidumbre se cierne sobre el panorama político, mientras las piezas del rompecabezas continúan encajando, revelando una imagen cada vez más preocupante.