La inesperada baja del profesor Ángel Ramírez Montiel de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) ha desatado una tormenta de controversia y preocupación en la comunidad académica. El Sindicato Único de Trabajadores de la UPT (SUTUPT), con la firmeza que lo caracteriza, ha alzado la voz para denunciar lo que consideran una flagrante violación a los derechos laborales del docente. Argumentan que el procedimiento seguido para su cese carece de la transparencia y el rigor jurídico necesarios, vulnerando preceptos constitucionales fundamentales como los consagrados en los artículos 14 y 17. El sindicato ha puesto el dedo en la llaga al señalar la ausencia de un debido proceso, la falta de emplazamiento para que el profesor Ramírez Montiel pudiera rendir declaración con la asistencia de un abogado, y la omisión de una notificación oficial sobre las causas de su despido.

La gravedad de la situación se acentúa, según el SUTUPT, por la falta de oportunidad para que el docente se defendiera legalmente, presentara pruebas y recibiera una resolución fundada y motivada por el comité colegiado correspondiente. El hecho de que se haya enterado de su separación laboral a través de los medios de comunicación, sin el acompañamiento de sus representantes sindicales y sin asistencia legal en su comparecencia ante el Comité, añade otra capa de indignación al caso. Esta situación, advierten desde el sindicato, no solo afecta al profesor Ramírez Montiel, sino que sienta un precedente peligroso que podría vulnerar los derechos laborales y garantías individuales de todos los trabajadores de la institución.

La sombra de la incertidumbre se cierne sobre la UPT. La confianza en las instituciones educativas, pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, se ve erosionada por este tipo de acciones. La integridad de la comunidad académica, que se basa en el respeto a los derechos y la aplicación imparcial de la ley, queda en entredicho. El SUTUPT, en su llamado a la rectificación, exige la revisión inmediata del proceso, la suspensión de cualquier comunicado institucional hasta que se agote el procedimiento legal correspondiente y la reposición del caso con estricto apego a derecho.

Este caso, sin duda, abre un debate crucial sobre los límites del poder institucional y la importancia de garantizar el debido proceso en todos los ámbitos de la vida pública. La comunidad académica y la sociedad en su conjunto estarán atentas al desarrollo de los acontecimientos y a la respuesta de las autoridades educativas ante las serias acusaciones del SUTUPT. La transparencia y la justicia deben prevalecer para restaurar la confianza y asegurar que situaciones similares no se repitan en el futuro.

Mientras tanto, el eco del incidente del pasado 25 de julio, en el que un estudiante agredió físicamente al profesor Ramírez Montiel tras acusarlo de acoso y bullying, resuena con fuerza en este nuevo capítulo de la historia. Si bien el estudiante fue expulsado de la institución, este antecedente añade complejidad al caso y plantea interrogantes sobre el clima laboral y las relaciones entre docentes y estudiantes en la UPT. ¿Existieron mecanismos adecuados para atender las denuncias del estudiante? ¿Se investigaron a fondo las acusaciones de acoso y bullying? Estas son preguntas que exigen respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades. La búsqueda de la verdad y la justicia debe ser el motor que impulse las acciones a seguir, con el objetivo de garantizar un ambiente educativo sano y respetuoso para todos los miembros de la comunidad universitaria.