La promesa de austeridad resonaba en cada discurso, un eco de esperanza ante la corrupción endémica y el despilfarro de recursos públicos. Se dibujaba un futuro donde cada peso se invertiría con responsabilidad, donde los hospitales estarían equipados, las escuelas rebosantes de oportunidades y la seguridad una garantía para todos. La realidad, sin embargo, tejió una historia distinta, una trama de contradicciones donde el gasto público alcanzó cifras históricas, un Everest de deuda que proyecta una larga sombra sobre el futuro del país. ¿Dónde se esfumaron esos recursos que prometían transformar a México?

La sombra de la corrupción se extiende como una mancha de aceite, y el caso SEGALMEX se erige como el símbolo más doloroso de esta realidad. Un organismo concebido para alimentar a la nación, se convirtió en el escenario de un desfalco multimillonario, una herida abierta en la confianza pública. 15 mil 308 millones de pesos, una cifra que marea, desaparecieron en un laberinto de irregularidades, mientras la promesa de erradicar la corrupción se desvanece en el aire. Un puñado de exfuncionarios detenidos, ninguno de alto nivel, parece una burla ante la magnitud del saqueo. La comparación con la "Estafa Maestra" resulta inevitable, y aunque la cifra es la mitad, el impacto en la credibilidad del gobierno es devastador.

El ISSSTE, pilar de la seguridad social, también sufrió el embate de la corrupción. 15 mil millones de pesos se esfumaron en un esquema de pensiones infladas, un lastre heredado de administraciones anteriores, pero que salió a la luz en el ocaso del sexenio. Una herida más en un sistema de salud que se desangra por la falta de recursos.

Las obras emblemáticas, estandartes del progreso prometido, se convirtieron en un foco de sospechas. Sobrecostos inexplicables y discrecionalidad en la asignación de contratos alimentan la desconfianza y levantan una polvareda de interrogantes. La refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, proyectos insignia de la administración, se encuentran bajo la lupa de la investigación periodística, buscando respuestas en un mar de opacidad.

El INEGI, voz fría de la estadística, confirma la cruda realidad: 14 de cada 100 mexicanos fueron víctimas de la corrupción en 2023. La mayoría de los casos, a manos de las autoridades de seguridad pública, aquellas que juraron proteger al ciudadano. Y lo más desolador: solo el 4.8% se atrevió a denunciar, el resto, resignado ante la impunidad, prefiere callar por miedo o por la certeza de que su voz se perderá en el desierto.

La incongruencia se convirtió en la marca de la casa. La Constitución, en su artículo 73, establece claramente que los empréstitos deben destinarse a obras que generen ingresos públicos. Sin embargo, la realidad se empeña en contradecir la letra escrita. El endeudamiento superó con creces la inversión física, un desequilibrio que hipoteca el futuro.

La deuda pública creció como un monstruo insaciable, devorando la estabilidad económica del país. De 10 billones 829 mil millones de pesos al inicio del sexenio, se disparó a 17 billones 426 mil millones al final, un incremento del 60.92%. Cada mexicano, por el simple hecho de existir, carga con una deuda de 131 mil 738 pesos. Una pesada losa en un país donde muchos deben costear de su bolsillo los servicios de salud que el Estado ya no proporciona, pagar el derecho de piso a grupos criminales y transitar por carreteras cada vez más deterioradas.

No se trata solo del gasto, sino de la incongruencia, la opacidad y la corrupción que lo envuelven. Una promesa rota, un futuro incierto y una deuda que se extiende más allá de los números, una deuda con la esperanza de un México mejor.