La promesa resonaba con fuerza: la erradicación de la corrupción y la optimización del gasto público a través de una "austeridad republicana". Sin embargo, el panorama actual dista mucho de aquel ideal. Nos encontramos con un gasto público sin precedentes en la historia del país durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, acompañado de un nivel de endeudamiento igualmente histórico. Paradójicamente, esta inversión récord no se ha traducido en mejoras tangibles para la población. Al contrario, la escasez de medicamentos, el deterioro de hospitales y clínicas, la decadencia de las escuelas públicas, el abandono de la infraestructura carretera y, sobre todo, la creciente inseguridad, se han convertido en la norma. Ante este escenario, la pregunta crucial es: ¿dónde se destinó semejante cantidad de recursos?

El caso SEGALMEX, organismo concebido para asegurar la autosuficiencia alimentaria y ahora en proceso de fusión con DICONSA, se erige como el ejemplo más emblemático de la corrupción no erradicada. La Auditoría Superior de la Federación, en sus informes correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, ha detectado irregularidades que ascienden a la asombrosa cifra de 15,308 millones de pesos. Este monto representa, con creces, el mayor escándalo de corrupción en la historia de México. A pesar de la magnitud del desfalco, solo nueve exfuncionarios han sido detenidos, ninguno de ellos perteneciente a los altos mandos de la institución. Para ponerlo en perspectiva, el desvío de recursos en la llamada "estafa maestra" del sexenio anterior alcanzó la mitad de esta cantidad: 7,670 millones de pesos.

El ISSSTE, por su parte, también ha sido objeto de fraudes millonarios, con un monto que ronda los 15,000 millones de pesos, perpetrados mediante la manipulación de pensiones. Si bien este esquema fraudulento se originó en administraciones previas, su revelación se produjo durante el último año del gobierno de López Obrador, a través de la entonces Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

Los sobrecostos excesivos y la falta de transparencia en la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y otras obras emblemáticas del sexenio, han sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas que levantan serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos.

El último informe del INEGI sobre la materia revela que en 2023, bajo el gobierno de López Obrador, 14 de cada 100 mexicanos fueron víctimas de algún acto de corrupción, la mayoría de las veces perpetrado por autoridades de seguridad pública. La cifra aún más alarmante es que únicamente el 4.8% de las víctimas denunciaron el hecho. El resto optó por el silencio, argumentando la inutilidad de la denuncia, la pérdida de tiempo que implica, la normalización de la práctica e incluso el temor a represalias.

Más allá de la corrupción, la incongruencia se ha convertido en un sello distintivo de esta administración. El artículo 73 de la Constitución establece claramente que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”. Sin embargo, desde 2019, el endeudamiento ha superado en 1.4 veces la inversión física, según datos de la organización Ethos Innovación en Políticas Públicas.

La deuda pública ha experimentado un crecimiento desproporcionado. Al inicio del sexenio de López Obrador, se situaba en 10 billones 829 mil millones de pesos. Al término de su mandato, alcanzó la cifra de 17 billones 426 mil millones, lo que representa un incremento del 60.92%. Esto se traduce en una deuda per cápita de 131,738 pesos para cada mexicano, en un país donde, además, una gran parte de la población debe costear de su propio bolsillo servicios de salud que el Estado ya no proporciona, pagar el "derecho de piso" y otras formas de extorsión impuestas por el crimen organizado, y transitar por calles y carreteras cada vez más deterioradas, entre otras muchas adversidades.

En definitiva, no se trata únicamente del monto del gasto, sino también de la incongruencia en su aplicación y de la persistencia de la corrupción. Un panorama que contrasta drásticamente con las promesas iniciales y que plantea serias interrogantes sobre el rumbo de las finanzas públicas y el bienestar de la población.