La reciente extradición de 26 individuos vinculados al crimen organizado a Estados Unidos, anunciada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abre un abanico de interrogantes sobre la dinámica entre ambos países en materia de seguridad. Más allá del discurso oficial, esta acción se percibe como una respuesta a la creciente presión ejercida por el gobierno estadounidense. ¿Hasta dónde llegará esta escalada de exigencias? ¿Se convertirá México en un proveedor constante de "trofeos" para saciar el apetito insaciable de su vecino del norte?

La entrega de estos individuos, que supuestamente representaban un riesgo para la seguridad nacional y contaban con órdenes de extradición, se presenta como un gesto de buena voluntad para allanar el camino hacia la firma del "Acuerdo de seguridad" entre ambos países. Sin embargo, la opacidad que rodea a este acuerdo y la premura con la que se han llevado a cabo estas extradiciones generan suspicacias. ¿Cuáles son las verdaderas cláusulas de este acuerdo? ¿Qué concesiones ha tenido que hacer el gobierno mexicano para conseguir la firma de Estados Unidos? La delegación de la responsabilidad en el Gabinete de Seguridad por parte de la presidenta, recuerda a episodios anteriores y plantea la duda sobre si se trata de una estrategia para eludir responsabilidades futuras.

La situación actual evoca la figura de la piedra de los sacrificios, donde se ofrendaban vidas para aplacar la ira de los dioses. En este caso, las "ofrendas" son individuos vinculados al crimen, entregados para satisfacer las demandas del gobierno estadounidense. La pregunta inquietante es: ¿qué sucederá cuando la demanda ya no se limite a criminales, sino que se extienda a políticos o funcionarios mexicanos?

La afirmación de que estas extradiciones se realizan con apego a la legalidad y con la garantía de que no se solicitará la pena de muerte, suena a un intento de justificar lo injustificable. ¿Es realmente la legalidad el motor de estas acciones, o se trata de una fachada para ocultar acuerdos y negociaciones ocultas? La sombra de la sospecha se cierne sobre este proceso, alimentando la incertidumbre y la desconfianza.

El mensaje a los grupos delictivos es claro: su destino, si son capturados, será la extradición. Sin embargo, este mensaje también lleva implícita una advertencia al pueblo mexicano: la soberanía nacional parece estar en juego, sometida a las presiones externas y a los intereses de un gobierno extranjero. La retórica sobre patriotismo, coordinación y no subordinación se desvanece ante la realidad de los hechos.

La comparecencia de las autoridades en Constituyentes se espera con expectación. ¿Se arrojará luz sobre los detalles del "Acuerdo de seguridad"? ¿Se abordará la creciente preocupación por la soberanía nacional? O, por el contrario, se continuará con la política de opacidad y evasivas, alimentando la incertidumbre y la desconfianza en un tema crucial para el futuro del país. El tiempo dirá si esta estrategia de "apaciguamiento" a través de extradiciones resulta efectiva o si, por el contrario, se convierte en un ciclo interminable de exigencias y concesiones, con un costo irreparable para la soberanía y la justicia en México.