La destitución del profesor Ángel Ramírez Montiel de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) tras la agresión sufrida a manos de un alumno ha destapado una caja de Pandora. Más allá del video viral que documentó el incidente, este caso ha puesto en evidencia un preocupante panorama de acoso escolar y la aparente ineficacia de las autoridades para abordarlo. Si bien la baja definitiva de Ramírez, tras una investigación exhaustiva, busca sentar un precedente, la polémica generada nos obliga a profundizar en las complejidades del caso.

La versión del estudiante Manuel Martínez, quien confesó haber agredido físicamente al profesor, dibuja un escenario de humillaciones constantes, comentarios racistas y exclusión sistemática. El joven, reconocido por su excelencia académica e incluso por impartir talleres de defensa personal dentro de la misma institución, relata un patrón de abuso que, de confirmarse, resulta intolerable. Sus palabras, cargadas de frustración y dolor, describen un ambiente hostil donde la figura de autoridad, en lugar de proteger y guiar, se convertía en fuente de angustia. El hecho de que Martínez llegara a la violencia física, aunque reprochable, nos interpela a cuestionarnos sobre los mecanismos de denuncia y la respuesta institucional ante las quejas de acoso.

La UPT, por su parte, ha actuado con contundencia, al menos en apariencia. La baja definitiva de Ramírez, justificada por faltas graves que vulneran los valores institucionales, se presenta como una medida ejemplarizante. La investigación interna, según el comunicado oficial, corroboró las acusaciones de acoso, lo que añade peso a la decisión. Sin embargo, la sombra de la inacción previa se cierne sobre la institución. ¿Por qué no se atendieron las señales de alerta antes de que la situación escalara a la violencia? ¿Qué medidas se tomaron, si es que se tomaron alguna, para proteger al estudiante y abordar las denuncias de acoso?

La renuncia voluntaria del profesor Francisco F., acusado de acoso y fraude, y la reubicación de la profesora Nadia P., señalada por abuso de poder, sugieren un problema sistémico que va más allá de un caso aislado. La UPT se enfrenta a un profundo cuestionamiento sobre su cultura institucional y la forma en que gestiona las relaciones entre docentes y alumnos. La creación de un módulo de denuncias en el Sistema Integral de Gestión Académica (SIGAE) y la formación de un Consejo Estudiantil son pasos en la dirección correcta, pero se requiere un cambio más profundo para erradicar el acoso y garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todos los miembros de la comunidad universitaria.

Este caso, que ha trascendido las paredes de la UPT para convertirse en un tema de debate público, nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la prevención y atención del acoso escolar. No basta con sancionar a los responsables después de que los hechos se hayan consumado. Es necesario implementar políticas efectivas de prevención, fomentar una cultura de respeto y garantizar que las víctimas tengan canales de denuncia accesibles y confidenciales. Solo así podremos construir un sistema educativo que proteja a los estudiantes y promueva un ambiente de aprendizaje libre de violencia. La historia de Manuel Martínez y Ángel Ramírez Montiel debe servir como un llamado a la acción para que ninguna otra institución educativa repita los mismos errores.