Un nuevo capítulo se escribe en la historia del Poder Judicial mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una decisión que resonará en los pasillos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha desestimado 138 juicios de inconformidad. Estos juicios, presentados por ciudadanos, partidos políticos y organizaciones, buscaban impugnar dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF. Sin embargo, el Pleno de la SCJN determinó que los recurrentes carecían de la legitimación necesaria para interponer dichos recursos. Este fallo, que cierra la puerta a estas impugnaciones, genera interrogantes sobre el futuro de la composición del TEPJF y el acceso a la justicia electoral en México. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión en la confianza ciudadana hacia las instituciones electorales? ¿Se fortalecerá o debilitará la independencia del TEPJF?

La Presidenta de la SCJN, Norma Piña, en un gesto que destaca la complejidad del caso, reconoció el arduo trabajo de los ministros y sus equipos para analizar en tiempo récord las 138 inconformidades. “Se hizo todo un esfuerzo para verlas en esta sesión,” declaró, subrayando la dedicación y compromiso del máximo tribunal con la resolución oportuna de los asuntos de su competencia. Este reconocimiento no solo pone de manifiesto la labor de la Corte, sino que también insinúa la presión a la que se ven sometidos los ministros ante la cantidad de recursos presentados. ¿Se trata de una situación excepcional o refleja una tendencia creciente de impugnaciones ante la SCJN?

En paralelo a este acontecimiento, se desarrolla otro debate crucial en el seno de la SCJN: el presupuesto para el 2026. La ministra Lenia Batres Guadarrama, a través de su cuenta de X, informó sobre la aprobación de un presupuesto de 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos, lo que representa un aumento global del 12.7 por ciento (8.1 por ciento real). Esta cifra, que contrasta con la inflación del 5 por ciento reportada por la Secretaría de Hacienda, ha generado controversia y la ministra Batres Guadarrama ha expresado su voto en contra. La discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial no es un asunto menor. Implica un debate sobre la austeridad, la eficiencia en el gasto público y la transparencia en el manejo de los recursos. ¿Es justificado este aumento presupuestal? ¿Cómo se garantiza que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente?

La postura crítica de la ministra Batres Guadarrama va más allá del aumento global. Su rechazo se extiende a puntos específicos como las remuneraciones superiores a las del Presidente de la República para altos funcionarios de la SCJN, la asignación de 65 mil pesos mensuales para alimentos para los ministros y la renta de vehículos. Estos privilegios, en un contexto de austeridad y demandas sociales, alimentan el debate sobre la equidad y la justicia social. La ministra hace un llamado a la “racionalidad y austeridad” y deposita su confianza en el nuevo Poder Judicial que asumirá funciones en septiembre, esperando que se revise y modifique esta política presupuestal. ¿Qué cambios se esperan con la llegada del nuevo Poder Judicial? ¿Se atenderán las demandas de austeridad y se eliminarán estos privilegios? El futuro del Poder Judicial y su relación con la ciudadanía dependen, en gran medida, de las respuestas a estas preguntas.