Una sombra de dolor e indignación se cierne sobre Guayaquil y todo Ecuador. La tragedia que ha golpeado al Hospital Universitario, con el fallecimiento de al menos doce recién nacidos –cifra que según medios independientes podría ascender a dieciocho–, ha desatado una ola de cuestionamientos y exige respuestas inmediatas. El Ministro de Salud, Jimmy Martin, ha reaccionado anunciando la apertura de una investigación, la renuncia del gerente del hospital y el despliegue de un equipo de especialistas. Si bien estas medidas son un primer paso, la gravedad de la situación demanda una transparencia absoluta y una exhaustiva revisión de los protocolos hospitalarios. No basta con "brindar atención psicológica a los padres", como se ha anunciado. Se debe llegar al fondo del asunto, determinar las responsabilidades y garantizar que una tragedia de esta magnitud jamás se repita.

La versión oficial, que atribuye los decesos a "causas multifactoriales" y a la prematurez de los bebés, no convence a la luz de las denuncias que apuntan a la falta de insumos médicos básicos, como cánulas nasales. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha señalado la precariedad en el abastecimiento de estos materiales, cuyo costo, según él, no supera los cuatro dólares. ¿Cómo es posible que en un hospital, la vida de recién nacidos, los seres más vulnerables, se ponga en riesgo por la falta de recursos tan elementales? Esta pregunta resuena con fuerza en la opinión pública, que exige una rendición de cuentas clara y contundente.

La presunta reutilización de cánulas nasales, como posible vector de la bacteria klebsiella pneumoniae –causante de neumonía y abscesos pulmonares–, es una acusación gravísima que debe ser investigada a fondo. Si se confirma, estaríamos ante un caso de negligencia inaceptable que ha costado la vida de bebés inocentes. El Hospital Universitario ha desmentido estas versiones y ha exhortado a la ciudadanía a informarse en fuentes oficiales. Sin embargo, la discrepancia en las cifras de fallecidos –doce según el Ministerio, dieciocho según medios de comunicación– genera desconfianza y alimenta la incertidumbre.

Más allá de las medidas inmediatas, como la reubicación de recién nacidos y la desinfección de la unidad, se requiere una profunda reestructuración del sistema de salud que garantice el acceso a insumos básicos y la aplicación de protocolos rigurosos en todos los centros hospitalarios del país. La vida de los niños ecuatorianos no puede depender de la disponibilidad de una cánula nasal de cuatro dólares. Este caso debe ser un punto de inflexión para que se implementen cambios reales y se fortalezca el sistema de salud pública, priorizando la atención a los más vulnerables y garantizando el derecho fundamental a la vida. La sociedad ecuatoriana no puede permitir que tragedias como esta se repitan. La memoria de estos pequeños nos obliga a exigir justicia y a trabajar por un futuro donde la salud sea un derecho garantizado para todos.