La sombra de la incertidumbre se cierne sobre Puerto Vallarta. No solo la belleza natural y el encanto de sus calles empedradas se ven opacados por la disminución histórica del turismo desde la pasada Semana Santa, sino que el fantasma de la inseguridad, un viejo conocido de la región, regresa para atormentar a sus habitantes y desalentar a los visitantes. La memoria colectiva aún guarda el eco del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, un recordatorio brutal de la violencia que ha plagado a Jalisco durante más de una década, colocando a Puerto Vallarta entre sus zonas más peligrosas.

Ante esta situación, la voz de los hoteleros y restauranteros, pilares de la economía local, se alza con fuerza, exigiendo al presidente municipal, Luis Ernesto Munguía, acciones concretas: un refuerzo de la seguridad, una coordinación efectiva con el sector privado y una estrategia de promoción turística que devuelva el brillo a este destino paradisiaco. Sin embargo, el malestar no se limita a la violencia o a la falta de promoción a nivel nacional e internacional. Desde el interior del Palacio Municipal, se susurra de un secuestro silencioso, el de las decisiones públicas, orquestado, según se dice, por Miyagi Munguía, hermano del alcalde y dirigente del Partido Verde en el municipio. Este supuesto control, ejercido por alguien ajeno a la administración y sin experiencia en áreas clave, se traduce en un manejo cuestionable de cargos y presupuestos, convertidos en moneda de cambio para favorecer a allegados, mientras las verdaderas prioridades del puerto claman atención.

Pero la problemática rebasa los límites de Vallarta. Jalisco, en su totalidad, se ha sumido en un espiral de inseguridad que no discrimina zonas. El gobierno estadounidense, consciente de la gravedad de la situación, mantiene al estado en nivel 3 de alerta, recomendando "reconsiderar viajes" debido a la alta incidencia de secuestros, robos violentos y homicidios. La Zona Metropolitana de Guadalajara, otrora un vibrante centro económico y cultural, también sufre los embates de la delincuencia. Municipios como Tlaquepaque y Tonalá se han convertido en escenario de extorsiones, asaltos y enfrentamientos, mientras el macabro hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, con más de 150 pares de zapatos y restos humanos, nos confronta con la magnitud del horror que se vive.

La desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, hace exactamente dos años, permanece como una herida abierta en la memoria colectiva. El hallazgo de restos calcinados en una ladrillera, la vinculación a proceso de cinco personas sin una sentencia definitiva, reflejan la incapacidad institucional para brindar justicia y seguridad a los ciudadanos. Municipios que operan con plantillas policiales mínimas, carentes de tecnología y protocolos de reacción, con mandos improvisados o cooptados por el crimen, son presa fácil para las células delictivas que operan con impunidad, diversificando sus actividades hacia secuestros exprés, extorsiones y fraudes a través de aplicaciones.

Jalisco, un estado marcado por fosas clandestinas, desapariciones y vastas zonas bajo el control de grupos armados, ya no puede hablar de una "mala racha" en materia de seguridad. Esta se ha convertido, lamentablemente, en el nuevo rostro de la entidad gobernada por el emecista Pablo Lemus. La urgencia de implementar estrategias integrales que aborden las causas y consecuencias de esta crisis es ineludible. No solo se trata de recuperar la confianza de los turistas, sino de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los jaliscienses.